Aída Ayala: casi un año procesada, con prisión preventiva y sin tocar una celda

Editorial Nacionales Policiales y judiciales
 Aída Ayala: casi un año procesada, con prisión preventiva y sin tocar una celda

Ni la jueza federal Zunilda Niremperger ni la Cámara de Apelaciones de Resistencia ni la Cámara de Casación Penal consiguieron que Aída Ayala pase diez minutos privada de su libertad, pese a haber insistido en los riesgos procesales que encarna una persona cuya permanencia fuera de prisión es la mejor demostración del poder que ejerce y de la influencia que puede tener en el decurso de la causa.

En enero de este año la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la prisión preventiva para todos los imputados en la causa por lavado de activos vinculados a irregularidades en la conformación y contratación de la empresa Pimp S.A. Cursiosamente, Aída Ayala, exintendenta de Resistencia y presunta cabeza de la banda delictiva que pergeñó la maniobra, sigue en libertad.

Su supuesto socio, el dirigente sindical de la Municipalidad de Resistencia, Jacinto Sampayo, está detenido con el beneficio de la prisión domiciliaria en razón de su edad y estado de salud. Incluso Daniel Fischer, exyerno de Aída y titular de Pimp, que ha sido operado de cáncer en la garganta, permanece detenido en el Penal de Mujeres de Ezeiza.

El de Ayala debe ser el único caso en muchos años en el que se verifica una exención de prisión de hecho tan a contrapelo de las medidas judiciales en su contra. O dicho de otra forma, el único caso en el que se observa la inutilidad de las medidas judiciales de primera, segunda y tercera instancia cuando el poder político decide proteger a uno de los suyos. Y esto, mientras están presos algunos de los referentes más importantes del gobierno de CFK, como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, o el empresario Lázaro Báez, y otros entran y salen, como el exVicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Más allá del legítimo ejercicio de la inmunidad que le dan los fueros a los que juró renunciar cuando arrancaba la causa (Aída Ayala es diputada nacional por Cambiemos) llama la atención cómo la orden de detención, la ratificación de esa orden, la prisión preventiva y su ratificación, tienen un valor igual a cero cuando los intereses de la Justicia entran en colisión con los de la clase política. Es cuando “inmunidad” se convierte en sinónimo de “impunidad”.

El 12 de abril se cumplirá un año desde que quien fuera también Secretaria de Municipios de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri fuera incorporada a un pedido de detención firmado por el fiscal federal Patricio Sabadini. Justicia al plato, que le dicen.