Casación confirmó prisión preventiva de Raúl Martins detenido en México por explotación de mujeres
Nacionales Policiales y judiciales
La Cámara Federal de Casación confirmó la prisión preventiva dictada al proxeneta Raúl Martíns, ante la “especial gravedad” de las maniobras por las que está acusado en la Justicia argentina, que tramita su extradición desde México., informaron hoy fuentes judiciales.
“Debe evaluarse la especial gravedad de las maniobras que habría desplegado Martins, procesado por encabezar una organización criminal dedicada concretamente a la explotación sexual de mujeres”, señaló el fallo del máximo tribunal penal del país al que accedió Télam.
Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo confirmaron así la decisión de la sala uno de la Cámara Federal porteña que avaló el procesamiento y la prisión preventiva dictada a Martins por la jueza del caso María Servini.

Los jueces de Casación declararon “inadmisible” el recurso de la defensa de Martins contra la prisión preventiva.
En su voto el camarista Hornos aludió a la “particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes son víctimas de maniobras como la investigada, cuyo sometimiento es absoluto”.
También mencionó “la cantidad de bienes jurídicos que este tipo de delitos lesionan, y que han sido afectados en este caso en particular y que operan como circunstancias objetivas que deben ser considerados en relación al caso concreto”.
Martins está procesado por asociación ilícita y explotación de la prostitución ajena, delitos que “descartan la posibilidad de una condena de ejecución condicional”.
También se recordó que tiene pedido de extradición actualmente en trámite en México y que nunca se presentó a citaciones para ser indagado en la Argentina.
La extradición “constituye un acto de asistencia jurídica internacional que consiste en la solicitud de un país a otro de remisión de una persona para ser juzgada”.
La Cámara remarcó que “su fundamento radica en el interés común a todos los Estados de que los presuntos responsables de delitos sean juzgados y eventualmente castigados por el país a cuya jurisdicción corresponde el conocimiento de los respectivos hechos delictuosos”.