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Editorial | Un fantasma recorre Argentina (y Chaco)

Por Cristian Muriel | El conflicto social es un tópico del que Jorge Capitanich apenas habló durante la campaña. En realidad lo hizo lateralmente cuando proponía recuperar indicadores económicos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía apuntalando la economía social, aportándole “elasticidad” al gasto social –unos $3.600 millones– “que se pueden cambiar con un sistema de fuentes de financiamiento sustitutiva”.

El conflicto social tiene multiplicidad de causas pero una sola manifestación relevante en términos de “paz social”: la ocupación del espacio público: mientras la Cámara de Comercio o la Fechaco pueden convocar al Gobernador a sus oficinas para plantearle sus demandas, los poriajú de los asentamientos más desfavorecidos tienen que marchar a la Plaza, que es lo más cerca que pueden estar del Gobernador.

Como Capitanich entiende el conflicto social como consecuencia de la crisis económica y los indicadores macroeconómicos no van a cambiar de la noche a la mañana, propone prevenirlo con una adecuada respuesta a los reclamos sectoriales –“con un oído en el pueblo”, como decía el obispo Angelelli– o reconducirlo con un oficio judicial y un puñado de efectivos de infantería –“y otro en el Evangelio”–. Y es que está en una encrucijada.

Como se señaló más arriba, el mandatario quiere barajar y dar de nuevo en materia de distribución de fondos públicos para organizaciones sociales reconvertidas o no en cooperativas de trabajo, especialmente para limpiar la paja del trigo, porque hay sellos que responden a dirigentes políticos opositores y es necesario desarticularlos. Y el tiempo apremia.

En la vereda de en frente de la solución quirúrgica, existe cierto consenso en el progresismo respecto a que “la figura del desocupado como persona que atraviesa una crisis –y requiere asistencia hasta superarla– ha sido desplazada para poner, en su lugar, el concepto de trabajador de la economía popular, que implica una condición permanente, y la posibilidad de políticas de desarrollo para el sector; incluso de constitutirse en un actor económico en disputa con las lógicas del mercado”, como dice Laura Vales en Página|12, y sería la razón por la que el Triunvirato Cayetano aspira a la sindicalización del movimiento piquetero.

Ese análisis también permite especular sobre la sólida experiencia de los argentinos en materia de organización social de los sectores más humildes, y arriesgar que dicha experiencia habría operado como antídoto para que el desastre macrista no terminara antes de tiempo con un dantesco despelote como el de Chile. En esa hipótesis, la vasta red de contención asistencialista-clientelar que nació en los tiempos de las “Cajas PAN” del Plan Alimentario Nacional de Raúl Alfonsín, y que se fortaleció gobierno tras gobierno, habría jugado un papel crucial.

Hay un fantasma que recorre Argentina: el conflicto social como un “estado espiritual” permanente de toda la comunidad: movimientos piqueteros, policías sin gremio, pro-vida caídos en desgracia, hinchas de fútbol desencantados con el resultado de un partido y todo el arco social que perdió la fe en las instituciones republicanas sin llegar a ser, como algunos movimientos europeos, “anti-sistema”.

Son una amenaza constante, un estado de sitio a los gobiernos, la sensación perpetua de un arma apuntándoles a la sien que tan pronto se detona por una medida impopular de un gobierno popular, como por una operación en las redes sociales impulsando alguna “autoconvocatoria espontánea” precedida por el signo “#”.

Por eso, cuando Jorge Capitanich, durante la jura del ratificado Jefe de la Policía del Chaco dijo que “la paz social debe ser una política de Estado”, no hablaba sólo de contener al acaso más bullicioso de los sectores sociales, el que toma el espacio público y obstaculiza el tránsito, sino de generar condiciones claras de convivencia para todos y todas.

Mientras observa cómo los países limítrofes son arrastrados a conflictos sociales trágicos o a golpes de Estado con la colaboración de agentes consulares estadounidenses y oenegés financiadas por EEUU, no olvida que fue durante su segundo gobierno, cuando era Jefe de Gabinete de Ministros de Cristina Fernández, que estalló una asonada policial que pudo haber terminado en una catástrofe y se llevó vidas chaqueñas. Sabe que cualquier chispa puede encender la mecha.