Ex contador del grupo Indalo sostuvo que se bloquearon planes con “bastante arbitrariedad”

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Un ex contador del grupo Indalo afirmó hoy ante la justicia que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió resoluciones que “bloquearon planes con bastante arbitrariedad” en relación a la petrolera Oil Combustibles, tras el cambio de gobierno en diciembre de 2015.

Gonzalo Rico Sánchez declaró como testigo en el reinicio del juicio que se sigue al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray y a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por supuestas irregularidades en el otorgamiento de planes de pago a la petrolera por el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Hasta diciembre de 2015, sostuvo, la empresa pagó con regularidad las cuotas de un segundo plan de pagos que se le había otorgado pero después, señaló el contador: “se emitieron resoluciones que bloquearon planes con bastante arbitrariedad”.

El testigo trabajó para la empresa entre 2008 y 2018 y refirió las razones por las que Oil Combustibles pidió dos planes de facilidades durante el kirchnerismo, vinculadas al “corralito” en el 2013, a la “inflación importante” y a la fijación de “topes a los precios de los combustibles” que derivaron en “problemas financieros” para las refinadoras.

El juicio se reanudó con la presencia de los tres acusados, Echegaray, López y De Sousa en los tribunales federales de Retiro.

La AFIP, querellante en el caso, retiró de su equipo de abogados a Alejandro Carrió, quien estuvo contratado como asesor externo por el gobierno anterior y mantuvo a dos letrados del organismo, Fabricio Lanzillota y Facundo Marsesich.

El contador recordó que el acusado Cristóbal López no tuvo intervención en la gestión de los planes de pago.

Sobre el impuesto a los Combustibles Líquidos, detalló que Oil se acogió a los planes de pago durante la gestión de Echegaray y que el organismo mantenía entonces “los planes generales que existían en la administración anterior” a cargo de Alberto Abad

Echegaray, López y De Sousa son juzgados por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera por parte de la AFIP en el kirchnerismo.

Según la acusación del fiscal que investigó el caso, Gerardo Pollicita, ese dinero habría sido desviado para invertir en otras empresas del grupo Indalo, sobre todo los medios de comunicación afines al kirchnerismo.