Caso Greco: murió hace 30 años pero el Estado chaqueño sigue dando vueltas
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En 1990 el artesano cordobés Juan Ángel Greco murió a causa de las quemaduras sufridas por el incendio de un colchón de su celda en la Comisaría de Puerto Vilelas, tras agonizar durante nueve días en el hospital. Había sido detenido ilegalmente en Barranqueras y brutalmente golpeado.
En medio de incontables irregularidades, la causa dio unos tumbos y finalmente se cerró, pero fue reabierta a instancias de la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Francisco Turraca, tras un “acuerdo amistoso” entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado provincial.
Recién en 2012 hubo condenas, pero módicas, ya que la carátula original de “abandono de persona seguido de muerte” terminó en “incumplimiento de deberes de funcionario público” y un año y 10 meses de prisión en suspenso para dos de los policías involucrados en el hecho.
El “acuerdo amistoso” para evitar la sanción al país por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos implicaba revisar la investigación para esclarecer los eventos de esa fatídica jornada, pero también la creación de una Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, entre otros requerimientos.
En abril de 2018 la CIDH observó: “No han existido avances sustanciales en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el último año”, e instó a las partes a ponerse manos a la obra. En concreto, no había habido más que una “sanción administrativa” contra los responsables por la muerte de Greco, y los familiares habían sido excluidos de la investigación violando el acuerdo de solución amistosa.
La denominada causa “Greco II” era ahora el territorio en el que debía procurarse la “reparación” en torno a la investigación, pero no se movía. Es más, el organismo reclamó informes sobre los presupuestos asignados al Comité contra la Tortura y a la Fiscalía de DDHH, y las acciones del Estado provincial para “acelerar exponencialmente su labor”. Y aún así: nada.
En septiembre del año pasado la exministra de Gobierno Jessica Ayala encabezó una reunión con la fiscalía de Turraca, la Secretaría de DDHH a cargo de Celeste Segovia, que se había incorporado como querellante, y el Cels. Este martes 3 de marzo de 2020, con la nueva gestión, vuelven a reunirse. En junio se cumplirán 30 años del fallecimiento de Greco.
Esta vez el elenco es otro: el gobernador Jorge Capitanich, la presidenta del STJ, Iride Isabel Grillo; el presidente de la Legislatura, Hugo Sager; la subsecretaria de Derechos Humanos, Naila Bosch; Roxana De los Santos, representante del Ministerio de Gobierno, y los integrantes del Comité contra la Tortura, Silvio Del Balzo y Egidio García. El elenco es otro pero la falta de Justicia es la misma.
