Press "Enter" to skip to content

Un fallo que abreva en el separatismo y segregacionismo de provincias hermanas | Por José Sánchez

Recientemente se ha dado a conocer a la opinión pública el fallo dictado por el Juez Federal N° 1 -de primera instancia- con asiento en la capital correntina, Dr. Juan Carlos Vallejos, en el marco de la acción declarativa de certeza entablada por el Ejecutivo Provincial, a través de la Fiscalía de Estado y la Procuración del Tesoro de la Provincia de Corrientes. Al tiempo de resolver la medida cautelar que acompaña a la acción principal, en un decisorio polémico y con cuentas ajustadas, avaló las medidas adoptadas por la Provincia correntina para la contención del virus COVID-19, ampliando así la brecha que divide a chaqueños y correntinos.

Este resolutorio se convierte en un revés judicial respecto a la sentencia dispuesta por la Jueza Federal N° 1 de la Provincia del Chaco, Dra. Zunilda Niremperger, en orden a la medida cautelar impetrada por los vecinos chaqueños, Asociación de Clínicas y Sanatorios y la Federación Médica del Chaco, la cual dispuso la obligación a cargo del gobierno corr

entino de arbitrar los medios necesarios para garantizar la libre circulación de 39 profesionales de la salud con asiento en la Provincia de Corrientes para que puedan cumplir sus funciones en Chaco.

Siendo que el plafón fáctico del cual emergen las acciones judiciales son de público conocimiento, conviene abocarnos aquí a los puntos salientes de la resolución cautelar del 01/04/2020 dictada por el Juez Federal correntino, en tanto resulta el eje de esta columna. En este sentido, en su sentencia el magistrado analiza los hechos invocados por el Estado provincial, se expide sobre la competencia, como también de la pertinencia de las instrucciones emanadas por el Ministerio de Salud correntino para -finalmente- dictar sentencia cautelar.

El punto más sobresaliente, quizás, del fallo comentado surge del análisis que ha realizado el Juez federal correntino sobre su propia competencia, como así también de la de su par chaqueña.

  • Reconoce su propia competencia para entender la acción entablada ante sus estrados, sin perjuicio de que y según sus palabras textuales, en principio sería competente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme las directivas emanadas de la Constitución, la Ley 48 y el Decreto Ley 1285/58. Sin embargo, entiende que habilita su jurisdicción la “renuncia al beneficio” de litigar ante el Máximo Tribunal que tácitamente ha querido conferir el Gobierno provincial al iniciar su acción ante tribunal de primera instancia.
  • Reconoce también, que el Cimero Tribunal interviene en forma originaria y exclusiva en todos los asuntos civiles que versen entre una provincia y un vecino y/o vecinos de otras.
  • Reconoce que la Circular No. 06/2020 del Comité de Crisis COVID-19 dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes ha sido dictada conforme la delegación de facultades dispuesta en el Art. 10 del DNU Nº 297/2020.
  • Explica que la resolución cautelar dictada por la Jueza Federal de Chaco estaría viciada de nulidad en razón de su incompetencia para disponerla, toda vez que, para la Asociación de Clínicas y Sanatorios y la Federación Médica del Chaco les correspondía entablar su pretensión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
  • Por último y no menos controversial, el Sr. Juez Federal de Corrientes entiende que una persona por el solo hecho de ser médico no está en condiciones de incumplir con las normas emanadas de la autoridad de aplicación; y agrega que ello no debe confundirse con la exención prevista en el Art. 6 del DNU Nº 297/2020 que refiere al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En este contexto surgen algunos interrogantes interesantes en relación a los argumentos esgrimidos por el magistrado para defender su resolución: ¿En qué casos la Corte interviene en forma originaria? ¿representa dicha competencia una norma de orden público? O bien: ¿Pueden las partes prorrogar dicha competencia? ¿en qué casos? Y, más aplicable al caso concreto: ¿Puede prorrogarse la competencia de la Corte ante la denuncia de afectaciones graves a derechos constitucionales en un contexto de emergencia?

Sin perjuicio de que la repuesta a tales interrogantes excede el margen de esta crítica, sí podemos afirmar que las reglas que rigen la competencia de los tribunales tienen por fin específico la determinación de pautas para la atribución de jurisdicción a cargo de los jueces, o dicho en otros términos, para poder conocer objetivamente quién será el magistrado que deba entender en la resolución de un conflicto en particular.

Afinando la mirada, la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -de linaje constitucional por expresa disposición de los artículos 116 y 117- responde a su carácter de último centinela de los postulados normativos incluidos en la Carta Fundamental, pero más aún, por ser la máxima autoridad de los Estados Federales, por lo que las normas que rigen su intervención son de orden público, vedando la posibilidad de ser prorrogadas por la simple voluntad de partes.

En este contexto y con deficiente claridad, el Juez Federal N° 1 de la Provincia de Corrientes relega la intervención del máximo tribunal nacional para así poder decidir en su lugar, fallando a favor de las pretensiones cautelares de esa provincia; a la vez que impone a la Asociación de Clínicas y Sanatorios y a la Federación Médica del Chaco la obligación de llevar sus pretensiones ante la CSJN toda vez que el amparo por éstas promovido tiene como contracara a una Provincia Argentina.

Lo antes dicho presupone que en función de los mismos hechos y de las mismas personas, para un litigante existe y le es válida la competencia de los tribunales federales ordinarios, mientras que para otro tal posibilidad, en el mismo escenario, debe recurrir a los estrados de la Corte.

Pese a que la cuestión competencial brinda mucha tela para cortar, sí existe una plataforma básica sobre la que se erige y se puede fallar de forma razonable. No obstante ello, la sentencia del Dr. Vallejos presenta una arbitrariedad mucho más grave en su aspecto procesal que agrava aún más el problema institucional que media entre ambas provincias: en franca contradicción a las previsiones del artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resuelve declarar no aplicable la orden cautelar dispuesta por la jueza chaqueña, en tanto que aquélla se habría dictado con el vicio de la incompetencia, por lo que, y en función de tal argumento, tiene por acreditada la verosimilitud necesaria para despachar favorablemente la acción cautelar del Gobierno correntino.

En concreto, de la directiva del Código de Rito nacional surge: “los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia. El juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente”.

El fallo observado desconoce una regla procesal básica, contraponiéndose a una corriente jurisprudencial de vasta trayectoria: las medidas cautelares dictadas por jueces incompetentes son válidas. La situación se ve agravada en un grado aún mayor cuando se revisa y se observa la liviandad y benevolencia en el tratamiento de la competencia para con el actor correntino y la severidad con la que la aplica a los vecinos chaqueños.

El grave problema institucional que genera la decisión del magistrado federal contribuye a abonar las divisiones entre el pueblo chaqueño y correntino, a la vez que abreva las instrucciones separatistas y segregacionistas del Gobernador Gustavo Valdés, quien pareciera apartarse cada vez más de los principios de solidaridad que busca validar el Presidente de la Nación Alberto Fernández no sólo en tiempos de pandemia, sino como eje mismo de su política presidencial.

A nivel nacional observamos una serie de medidas encaradas por el Ejecutivo que buscan paliar los devastadores efectos que provoca el virus COVID-19 en la población. Se han dictado medidas para todos los sectores como bonos sociales, congelamiento de alquileres y créditos a empresas con bajas tasas de interés, en el entendimiento de que el aislamiento social, preventivo y obligatorio genera una parálisis económica que nos afecta a todos por igual, más para salir de tal encrucijada se precisa de la intervención de todos los actores de una sociedad como integrantes de una misma Nación.

Las medidas que han sido decididas por el Comité de Crisis Covid19 dependiente del Ministerio de Salud de Corrientes, incluidas en sus circulares N° 6 y 9, posteriormente avaladas por el Gobernador de esa Provincia, no se caracterizan por respetar precisamente un deber de solidaridad para con el otro, en tanto que busca privar al sistema de salud chaqueño de médicos que no presentan el más mínimo síntoma de haber adquirido la enfermedad y que deben aislarse por el sólo hecho de prestar funciones en el Chaco, siendo tratados -en palabras textuales del Gobernador de Corrientes- como si fueran extranjeros.

En definitiva, el cúmulo de medidas encaradas por la Provincia de Corrientes durante el transcurso de esta pandemia implicará un análisis, y en su caso, una redefinición de las implicancias de pertenecer a un estado federal, y por derivación lógica, de cómo actuar en consecuencia.

(*) Abogado.