El Diablo está en los detalles | Por Cristian Muriel

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La semana pasada la jueza de Garantías Nº 1 María de las Mercedes Pereyra, y la jueza Correccional Nº 2 Natalia Analía Fernández Floriani, fueron sorteadas como titular y suplente para representar a los magistrados chaqueños ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. Este viernes, por pedido de la Asociación de Magistrados, el Superior Tribunal de Justicia anuló el sorteo.

Que un Alto Cuerpo acostumbrado a rechazar in límine todas las revocatorias que le oponen los trabajadores judiciales, y que defendió durante un cuarto de siglo una acordada ilegal que terminó ocasionando un quebrando millonario a la Provincia, se rinda sin pelear ante un pedido de la Asociación de Magistrados que transfiere la responsabilidad por posibles irregularidades a los propios supremos, es decididamente sospechoso.

Tras la decisión, el Consejo de Abogados de Resistencia manifestó su preocupación asegurando que “un supuesto error involuntario” (la presunta omisión de un juez en el bolillero del sorteo) no alcanzaría los extremos necesarios para dejar sin efecto un proceso de semejante envergadura y más bien produciría “un enorme menoscabo a los insustituibles bienes de la transparencia, confianza y seguridad jurídica que resultaron afectados”.

Por cierto, la acción que desencadenó la anulación del sorteo fue un recurso de revocatoria de la Asociación de Magistrados, una entidad que no estaría legitimada para pedir ni para recibir explicaciones. Si bien el STJ no hizo lugar a su pedido con respecto a la jueza Amanda Corchuelo, sí lo hizo con Ana María Ofelia Fernández, quien había abandonado la titularidad del Juzgado Laboral Nº 1 en 2019 y fungía como suplente en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La propia magistrada no presentó ningún reclamo, seguramente en el entendimiento de que al momento del sorteo no podía firmar sentencias como jueza del Laboral Nº 1 y sí podía fundar su voto en la Cámara de Apelaciones, pero no era titular de la misma, una condición legal ineludible para entrar al sorteo.

Un poco de historia

En marzo de 2019 un polémico audio filtrado a la prensa nacional sacudió a la Justicia chaqueña: el Progurador General Jorge Canteros le confesaba por teléfono a un imputado en una causa por corrupción que no estaba detrás de su inminente citación a indagatoria: “En lugar de cerrar la causa como habíamos acordado, de elevar la causa a juicio, siguen saliendo por todos lados”, le explicaba.

Fue un escándalo, pero Canteros atribuyó la filtración a “un ataque malicioso” y trató de justificar su conversación. Como resultado, el bloque macrista solicitó su juicio político y el oficialismo que tenía mayoría en la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados tuvo que salir al rescate para evitarle la destitución.

De lo que no se salvó Canteros fue de la denuncia presentada por la jueza de Garantías Nº 1, María de las Mercedes Pereyra, ante la Mesa Única de Intervención Temprana (MUIT) solicitando que se investigue el episodio. Ese mismo día, el 14 de marzo de 2019, el Superior Tribunal de Justicia acusó a Pereyra por parcialidad y graves irregularidades procedimentales, y le pidió al propio Canteros que formalizara el pedido de juicio político ente el Consejo de la Magistratura.

La vendetta no llegó a buen puerto y el jury contra Pereyra finalmente se cayó en noviembre de 2019, pero conviene recordar que dos de los tres votos de la minoría para que la jueza fuera destituida fueron los de las representantes de la Justicia en el Consejo: la ministra del STJ Emilia Valle, y la camarista en lo Criminal Nº 1 de Resistencia, Alicia Cáceres.

Pero si había un fenómeno que ni los supremos del STJ ni el gremio de los jueces podían controlar, era el azar: entre más de 140 magistrados de toda la provincia que ingresaron en el bolillero para representar al fuero en el Consejo de la Magistratura, la suerte recayó nada menos que sobre la jueza Pereyra, la misma que Valle había querido echar de la Justicia cinco meses atrás, y que ahora tendría que verle la cara en cada sesión y con cuyo voto seguramente no podría contar cuando se dirimieran intereses corporativos entre los poderes fácticos que juegan en ese organismo constitucional.

La única alternativa que les quedó fue la menos elegante: anular el sorteo y que vuelva a rodar el bolillero. Decididamente sospechoso. Como dice el viejo adagio: el Diablo está en los detalles.