La Justicia dejó sin efecto el endeudamiento de $ 800M impulsado por Gustavo Martínez: el municipio tendrá que conformarse con la mitad

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 La Justicia dejó sin efecto el endeudamiento de $ 800M impulsado por Gustavo Martínez: el municipio tendrá que conformarse con la mitad

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por ediles del radicalismo de Resistencia y suspendió dos resoluciones del Ejecutivo municipal, una de la Presidencia del Cuerpo y una Ordenanza, por las que se autorizaba al jefe comunal a endeudar al municipio por un total de $ 800 millones.

Todo empezó a mediados de abril, cuando el intendente Gustavo Martínez promovió un empréstito por $ 1000 millones a través del proyecto de ordenanza N° 23431-I-20 ($500M para “gastos de caja” y otros 500 para “inversión social”), pero diez días después el Concejo autorizó el endeudamiento sólo por $ 400 millones (tres concejales incluso quisieron bajar el monto a $ 250 M) a través de la Ordenanza Nº 13.270.

Descontento con el resultado, Martínez vetó parcialmente la norma –Resolución 630/20–. Argumentó que en el marco de la emergencia económica y con el país en una montaña rusa hacia el default, la autorización para emitir bonos y letras del tesoro (mecanismo para tomar deuda) debía estar en instrumentos separados. El veto además proponía modificaciones a la norma rechazada. Mediante otra resolución el Intendente requirió el tratamiento urgente del tema.

El martes siguiente el presidente del Concejo, Agustín Romero, también por resolución aprobó el veto parcial y forzó el tratamiento del tema anexando modificaciones, y con el acompañamiento de los ediles del CER –su espacio político– y de la concejala borocotizada del Frente Chaqueño Alicia Frías, sumó otros $400 millones y embolsó para el municipio un pozo de $800 millones. Cuarenta y ocho horas después, Martínez había promulgado la ordenanza.

Pero la votación había terminado 6 a 5, y como una ordenanza que afecte el presupuesto requiere una mayoría de dos tercios, es decir, 8 votos, los concejales radicales María Teresa Celada, Carlos Salom, Carla Cantero y Dino Ortiz Melgratti salieron del Recinto y se fueron a los tribunales, donde presentaron un pedido de inconstitucionalidad y una medida cautelar de no innovar.

Por unanimidad, el Superior Tribunal hizo lugar a lo solicitado y anuló la resolución del intendente Martínez que vetaba parcialmente el primer endeudamiento, la resolución de “urgente tratamiento”, la resolución del presidente del Concejo que habilitaba una segunda convocatoria para sumar otros $400 millones, la sesión resultante y la resolución que promulgaba la norma. Sólo se salvaron los primeros $400 millones autorizados en la sesión que no había sido observada por la oposición.