Press "Enter" to skip to content

El radicalismo chaqueño vuelve a embestir contra Capitanich: ahora pide la intervención de Nación

Por Cristian Muriel | Luego del fracasado aplausazo-bocinazo-cacerolazo del martes, promocionado como una autoconvocatoria en redes sociales que incluía una poco sanitaria invasión de la Plaza 25 de Mayo, el radicalismo chaqueño volvió al ataque con una propuesta más arriesgada: pedirle a la Defensoría del Pueblo de la Nación la “intervención sanitaria y social” de la Provincia.

El Artículo 6 de la Constitución Nacional sólo prevé la intervención federal como un remedio para “garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas”. Por eso los legisladores se tuvieron que conformar con hacer el reclamo ante el Ombudsman.

No obstante, la gacetilla difundida por Internet y en redes sociales no especifica qué mecanismos podría “activar” la Defensoría para asegurar, “en ejercicio de su misión y atribuciones constitucionales” y con los medios institucionales a su alcance, “la plena vigencia de los derechos vulnerados y amenazados” de los chaqueños.

Tampoco explica a qué se refieren con “intervención sanitaria y social”, aunque el discurso que el senador radical Víctor Zimmermann pronunció más temprano ante el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, podría dar un indicio: “Quiero pedirle en nombre del pueblo chaqueño y de quienes vivimos en el Área Metropolitana: vengan a ayudarnos, nos estamos muriendo”.

¿QUIÉN DEFIENDE A BÖKEL?

Desde hace once años la Defensoría del Pueblo de la Nación no tiene Defensor. El último fue Eduardo Mondino, cuyo mandato venció en 2009. Desde entonces el organismo está a cargo de un “empleado de la casa”. Actualmente se trata del subsecretario Juan José Bökel, un hombre que ha mostrado una gran predisposición para ayudar a la gente desde su cuenta de Twitter. Menudo lío tendrá cuando deba pasar de darle una mano a “Lorena” con su problemita con el Pami, a intervenir una provincia.

¿Y LA JUSTICIA?

La teatralización del requerimiento radical también pasó por encima del Poder Judicial del Chaco, y de la Justicia Federal con asiento en la Provincia. En lugar de buscar auxilio jurídico a través de una presentación de carácter extraordinario ante el fuero correspondiente, eligieron como camino la nacionalización del conflicto. La solución elegida, sin embargo y sin menoscabar las condiciones de Bökel, parece más adecuada para hallar eco en las páginas de Clarín y La Nación que en las instituciones republicanas.

EL CUADRO DE GRAVEDAD

Los argumentos de la presentación se enfocan en la cantidad de casos positivos de Covid-19 en la Provincia, en la cantidad de fallecidos, y en la incidencia que la epidemia tiene en el Gran Resistencia, incluyendo asentamientos y barrios de comunidades indígenas. Todos datos difundidos oficialmente.

También denuncian que los trabajadores del U.C.C.E.M. fueron transferidos a un predio sin condiciones de bioseguridad adecuadas, y que hasta Nicolás Ivancovich, jefe de Emergencias de la Provincia, advirtió que “con este nivel de contagios vamos a colapsar”.

El detalle del “cuadro de gravedad descripto” no tiene una sola observación técnica, siquiera estadística, como para justificar la proporcionalidad del pedido de intervención. Y al ser información pública, también está disponible para el Defensor del Pueblo en varias plataformas. No se explica con qué sustento estarían reforzando un pedido de semejante envergadura.

LA INTERVENCIÓN

No existe la “intervención sanitaria y social” como un instituto constitucional; en todo caso, esa clase de intervención es precisamente lo que hay en este momento, por la vía del aporte de recursos federales para fortalecer el sistema de salud, y de fuerzas federales para contribuir, excepcionalmente, a resolver problemas logísticos derivados de la emergencia.

Como reseña Marcelo Borka, “durante los 123 años transcurridos entre 1853 y 1976, se ordenaron 174 intervenciones provinciales”, lo cual configura “el mejor registro de los usos y abusos que hizo el gobierno federal del instituto de la intervención”. Estos números, por cierto, no contabilizan los avasallamientos durante gobiernos de facto. Otro dato: casi todas las intervenciones fueron utilizadas con fines partidistas subalternos.

Curioso que representantes de un partido centenario que hace gala permanente de su histórico apego a las instituciones democráticas, elija pedir la intervención de la Provincia antes que aportar a la solución del problema participando de las reuniones de la Comisión Laboral en Emergencia Sanitaria que funciona desde abril, y que tiene entre sus miembros al jefe de la bancada radical en el Parlamento.

Curioso que les hagan pito catalán a las instituciones judiciales chaqueñas y prefieran dar la batalla en las redes sociales y en la prensa. Si no fuera por las gravedad subyacente, cualquiera diría que están violando la veda electoral.