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Renuncia, no apriete | Por Cristian Muriel

El viernes pasado el Jefe de la Policía chaqueña, comisario general Fernando Javier Romero, anunció que los cuatro agentes detenidos por un allanamiento ilegal y torturas a una familia qom en Fontana volvían a tareas activas. Las declaraciones que intentaban acallar el malestar interno en la fuerza no fueron bien recibidas: el sábado, el gobierno ratificó que seguirían apartados de sus cargos y con sumario administrativo hasta que se resuelva su situación judicial.

“Esta decisión del Gobierno guarda plena coincidencia con la Ley del Personal Policial de la Provincia del Chaco, la Ley de Seguridad Pública y los compromisos nacional e internacionalmente asumidos a partir del caso ‘Greco’, así como por el compromiso público realizado de garantizar una política de seguridad democrática con perspectiva de DDHH”, aseguraron desde el Ejecutivo en el marco de una causa que hasta motivó un mensaje de preocupación del presidente Alberto Fernández, y que coincidió con el escándalo internacional por el asesinato del ciudadano de color George Floyd en manos de policías estadounidenses.

“NO ES APRIETE”

Este lunes por la mañana Romero volvió a hablar con la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar: o reincorporaban a los cuatro agentes o él, el Subjefe de Policía Ángel Alfonso Domínguez y la Directora Ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (CEAC), Mariela Aguirre, presentaban sus renuncias.

Como el gobierno no cedió, Romero renunció. Y aunque aseveró que no era un apriete a Jorge Capitanich sino “algo institucional”, la renuncia se hizo oficial en el popular programa radial de Julio Wajcman incluso antes de que los pedidos llegaran a Casa de Gobierno, según reconoció el propio Romero para deleite del conductor.

El principal argumento “institucional” de Romero es que actualmente hay 900 agentes con causas judiciales en trámite que así y todo están trabajando, y si “a ley pareja nadie se queja”, entonces no reintegrar a los cuatro imputados de Fontana implica tener que prohibirles trabajar a los otros 900 policías. Una zona liberada de escala provincial. Por las dudas aclara que tampoco aprueba lo que hicieron sus cuatro muchachos: “Yo públicamente le pedí disculpas a la familia”.

“BUENOS MUCHACHOS”

Desde el 9 de junio los policías Cristian Flores, Cristian Foschiatti, Cristian Benítez y Orlando Cabrera estaban detenidos con prisión domiciliaria por haber allanado ilegalmente una vivienda durante la noche, haber arrestado a varias personas, entre ellas una menor, haberlas torturado y haber abusado sexualmente de algunas de ellas. De los testimonios de la investigación judicial surgió que al menos habría habido otros tres allanamientos parecidos.

El Comité contra la Tortura repudió la decisión de la jueza de Garantías N° 3, Rosalía Zózzoli, de cambiar la calificación de la carátula que permitió el cese de la prisión preventiva. Para ellos, aparte del allanamiento ilegal hubo “torturas físicas, psíquicas y sexuales en concurso real con amenazas y robo agravado en contexto de tortura así como de abuso sexual gravemente ultrajante”.

“CON LAS BOTAS PUESTAS”

Por un error de cálculo, el viernes Romero celebró públicamente que los cuatro agentes volvían al servicio activo, y ahora no le queda otra que renunciar, también públicamente. El portazo es valorado por los bolsones conservadores de la sociedad chaqueña que prefieren las políticas de seguridad punitivistas y represivas, pero sobre todo por sus colegas, que lo despiden en su ley, como a un héroe.

Pero la crónica desmiente a Romero y le pone un manto bochornoso a su gestión, que abandona el cargo en el peor momento del mundo, del país y de la provincia.

Los cuatro policías no sólo cometieron al menos algunos de los hechos que se les imputan (los escracharon en video) y tal vez otros, sino que –conscientes de la gravedad de lo que acababan de hacer– emitieron un informe de prensa denunciando que habían sido atacados por los vecinos y luego mintieron ante la Justicia. Habría que investigar también mecanismos de ocultamiento y complicidades, y no sólo los hechos delictivos de una carátula ahora amañada.

Algo huele realmente a podrido, y no alcanza con las disculpas de Romero.

El Chaco necesita una policía democrática que proteja a la comunidad, que enorgullezca a los ciudadanos y a los propios agentes, y jefes que respondan al Estado de derecho y no a presiones intestintas. No necesita una corporación cerrada como una olla a presión, que cuando las cosas no se hacen a su manera patea el tablero y convierte a la provincia en un polvorín, como en 2013, o provoca una crisis institucional en contexto de pandemia, como en 2020.

Foto nota: Chaco Día por Día.