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La violencia contra pueblos originarios de Fontana y una crisis institucional abierta | Por Rodolfo Schwartz

Ante los hechos ocurridos durante las últimas horas sobre la renuncia de la cúpula policial, tras la decisión del gobierno de la provincia, de no reincorporar en funciones a los cuatro policías implicados e investigados en los hechos de violencia en el Barrio Banderas Argentinas de Fontana, expresamos:

  1. El cambio de carátula de “privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas, allanamiento ilegal y apremios”, por “allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones”, según lo entendió el Juzgado de Garantías Nº3 a cargo de la Dra. Rosalía Zózzoli, minimizando los hechos aberrantes producidos, y con este cambio les otorgó la libertad a los cuatro policías involucrados, sin evaluar todos los elementos probatorios de la investigación.
  2. Esta decisión de una parte de la Justicia, sobre un hecho de violencia policial salvaje, que recorrió el mundo mostrando los hechos elocuentes en un video, le dio la posibilidad al Jefe de la Policía, para decidir la reincorporación efectiva de los imputados, amparándose en un Decreto de facto, de la dictadura de 1972, que debe modificarse a la brevedad. Sin embargo, la decisión del gobierno provincial, da por sentado que estar bajo investigación penal preparatoria es estar “bajo proceso”. En ese contexto, resolvió que los cuatro agentes policiales que son investigados por delitos cometidos en el ejercicio de su función permanezcan, en términos administrativos, en situación “pasiva”.
  3. El anuncio público del Jefe de la Policía del Chaco, de reincorporarlos en funciones activas este lunes 13, incumpliendo directivas de área correspondiente del Gobierno Provincial, inició una crisis institucional. Esto debió resolverse con la inmediata separación del cargo del mismo, por incumplimiento de las instrucciones de quien lo designó en él y bajo cuyas directivas debe desempeñarse.
  4. La no resolución en ese sentido, posibilitó al Jefe de la Policía a fundamentar que de 7.700 efectivos de la fuerza, hay 900 acusados de delitos y con ese criterio, debería sacarlos de funciones a todos. Muestra que más del 12% está en esa situación y que según su análisis se podría deducir que todos los hechos son iguales al que nos ocupa. Si no lo son y éste es especial, no se lo debería tratar como uno más, por la gravedad que significa el nivel de violencia institucional.
  5. En una situación procesal, donde aún no se incorporó a la causa el video que indignó a millones, como tampoco se incorporaron testimonios fundamentales, la posibilidad que dichos agentes se paseen por el barrio con la 9 milímetros en la cintura, es un mensaje intimidatorio explícito, a los testigos de la causa y a la comunidad. Aunque no medie una palabra de amenaza, es un claro mensaje de impunidad para toda la población y en particular para los más humildes, principalmente los pueblos originarios y en ellos los jóvenes.
  6. El Gobernador debe actuar con firmeza, resolviendo políticamente lo que se transformó en el inicio de una crisis institucional, en medio de la ya grave situación sanitaria, social y económica. Si así lo hace, encontrará el apoyo popular y democrático, en una toma de decisión para la que fue electo. Deberá velar además, por la seguridad y el apoyo material y psicológico para la familia violentada salvajemente.
  7. Los Diputados tendremos que elaborar con urgencia las leyes que hacen falta para que estos hechos no ocurran más.
  8. Durante años venimos luchando por los Derechos Humanos y en particular los de los Pueblos Originarios.

Todo nuestro apoyo a las familias víctimas y a los pueblos originarios del Chaco, históricamente oprimidos y discriminados por las minorías poderosas y quienes las defienden.

Con unidad popular, no vamos a permitir que se retroceda en materia de derechos y de conquistas que tan difícilmente se lograron.

Basta de abuso policial y judicial!!

Justicia para las pibas y pibes QOM!!

(*) Diputado provincial PTP en el Interbloque Frente Chaqueño