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Todo género de dudas | Por Cristian Muriel

El sábado pasado el portal Nova Chaco denunció un supuesto hecho de corrupción por parte de la cartera social provincial: la compra de mercaderías por un millón y medio de pesos a la “pollería” perteneciente a la pareja de la ministra María Pía Chiacchio Cavana.

Si bien la nota incluía sendos facsímiles de las transferencias de fondos, lo que desató la polémica no fue la presunta irregularidad, sino el título de la nota: “Con la venia de Rach, Pía sigue con sus fechorías: su novia lesbiana facturó $1.5 millones en pollos a Desarrollo Social”.

En tiempos de fake news, en lugar de desbaratar la acusación del portal conducido Mario Casalongue, optaron por desconocer o minimizar la denuncia, y denunciarlo a él por “discriminación y agresión en razón del género bajo la modalidad de violencia pública-política y simbólica” ante la Defensoría del Público y luego ante el Inadi.

MACHIRULO VIEJO
La trayectoria de Casalongue está marcada por denuncias sistemáticas por extorsión y, más recientemente, por violencia de género mediática, como la que hicieron el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yañez. El hito más significativo de su carrera fue haber recibido una trompada de Francisco De Narváez por publicar notas ofensivas contra su pareja, Agustina Allyon. Dicen, aunque no nos consta, que extorsiona “por pauta”: si la tiene, acompaña; si no se la dan, aprieta.

Pero más allá de lo que la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, considera “un discurso lesbo-odiante intolerable en un Estado democrático y plural”, y de la respuesta de la propia ministra Chiachio Cavana, que aseguró que “está naturalizado que, si una mujer o una persona de la comunidad LGBTIQ+ decide trabajar en política, tenga que pagar un precio altísimo en insultos”, la respuesta pública para rechazar la denuncia por corrupción fue insuficiente.

El único párrafo dedicado a “contrataciones y a dudas o sospechas sobre el actuar de un funcionario y funcionaria” expresado por la ministra y replicado por la agencia de noticias oficial “Foco”, fue un pedido general de que los denunciantes “vayan a la Justicia” y “no sólo concurrir a medios de comunicación”. El millón y medio de pesos de fondos públicos que la involucra en un supuesto caso de corrupción no mereció de su parte más que una apostilla.

A Casalongue le calza como un guante a medida el ‘argumentum ad hominem‘: viniendo de quien viene, cualquier denuncia que haga repugna a los sentidos. Sin embargo las dudas siguen ahí, y ningún funcionario parece haberlas evacuado, como si los machiruleos de Casalongue desnaturalizaran los hechos denunciados. ¿Se quedó o no se quedó con fondos públicos un proveedor que no debió recibirlos?

Además: ¿es verdad, como afirma el portal, que el gobernador Jorge Capitanich le pidió la renuncia y la ministra permanece parapetada en su despacho? ¿Alcanza con no responderle para que todos olviden la pregunta?

INTERNA EN UN DOS POR DOS
Si en gestiones anteriores el de los derechos humanos era el inexpugnable campo de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en la coyuntura actual es de las conquistas y reivindicaciones de género.

Pero el de los derechos humanos también es un monoambiente dentro de la política provincial en el que todos los actores y actoras consideran a sus pares inquilinos o usurpadores. La convivencia es ardua. Se pelean en las marchas, se pelean en los palcos, se pelean por zoom. No hay referente que no tenga algo que decir de los demás. Y no hay lugar para todes.

Para colmo, a las desavenencias departamentales se suman las disputas en el ejercicio del poder. A saber:

Cuando a fines de mayo se hizo pública la denuncia por parte de la Mesa Multisectorial Feminista contra cuatro efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana por brutalidad policíaca, desde ese colectivo señalaron que mientras ellas y miembros de la APDH asistían a las víctimas, las funcionarias de DDHH ‘mentían’ en diversos grupos de Facebook y Whatsapp acerca de una intervención que, en rigor, no había tenido lugar. Posteriormente el Comité contra la Tortura defendió esa versión.

Con la misma metodología de fugar hacia adelante, Silvana Pérez contestó: “El Estado provincial actuó inmediatamente tras las denuncias, garantizando la atención, contención y asesoramiento a las víctimas, y exigiendo la correspondiente investigación al personal policial que intervino en el operativo, a través del Órgano de Control Institucional”.

Pero las cosas no se arreglaron.

Este sábado, después de que se conociera la denuncia de Nova Chaco contra Chiachio Cavana, la Mesa Multisectorial Feminista volvió a ensayar un documento crítico al advertir que la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez ejerce persecución laboral, política e ideológica contra dos compañeras con gran trayectoria y territorialidad en la temática de género.

“Lamentamos que el mismo gobierno mantenga funcionarixs que persiguen y hostigan a lxs trabajadorxs, abusando del poder circunstancial para castigar a quienes no se alinean. Funcionarxs que no atienden los teléfonos a quienes trabajan y conocen los territorios por diferencias ideológicas, interponiendo, con total falta de ética, criterio e idoneidad, las cuestiones personales por sobre el interés colectivo y el bienestar público”, escribieron, aunque el documento tuvo escasa o nula difusión.

Es cierto que las disputas de monoambiente desatan más pogos que una misa ricotera, pero también hay un hecho inequívoco: hay machirulos y machirulas en todas partes, incluidos los medios y el gobierno.