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Violencia institucional versus brutalidad policíaca | Por Cristian Muriel

Para nosotros fue brutalidad policíaca desde el día uno, cuando el gobierno provincial decidió llamarlo “violencia institucional”. Tres meses y medio más tarde los buenos modales culminan con un piquete policial frente a Casa de Gobierno. Hoy mismo el país se estremece por los videos que se filtraron de las torturas en la Comisaría Tercera de Fontana. Lo siguen llamando «violencia institucional».

Los hechos: el 31 de mayo a la madrugada cuatro agentes de la Tercera de Fontana ingresaron a las patadas y sin orden judicial a un domicilio del Barrio Banderas Argentinas, secuestraron a cuatro de sus ocupantes, todos de la etnia qom, los torturaron, incluida una menor de edad de la que además habrían abusado. Conscientes de la cagada que se habían mandado, se apresuraron a remitir a la prensa una gacetilla en la que acusaban a las víctimas de haber atacado la sede policial. Si todo eso, aparte de perverso, no es brutalidad policíaca, entonces la brutalidad policíaca no existe, porque lo único que queda después de esos vejámenes y violaciones a las leyes argentinas y a los tratados internacionales es el fusilamiento y la desaparición forzada de personas.

Lo de “violencia institucional” como caracterización de un hecho aberrante se explica pero no se justifica. Se explica como una flexión desesperada para bajarle el tono a un quilombo hasta que la fiscalía caratule y la Justicia sentencie y la carga del sambenito por una tipificación garantista para los chorros y desmedida para los victimarios se traslade a un funcionario de otro Poder: o sea, que lo puteen al juez. Pero no se justifica.

Capitanich no es Macri y Zalazar no es Patricia Bullrich. Acá no hay doctrina Chocobar que valga. No podemos aceptarlo en silencio, ni siquiera con el argumento de que la mitad –posiblemente más de la mitad– de los chaqueños y chaqueñas festejan la brutalidad policíaca aún después de haber visto los videos en los que uno de los policías recibe a la menor de edad con un feroz sopapo, y otro patea y pisotea a un joven esposado en el suelo.

Capitanich esperó tanto para tomar las riendas del caso que el presidente Alberto Fernández lo desautorizó de la peor manera posible: con un tuit. Y atrás vinieron sus ministros y varios dirigentes de otros distritos, con quienes naturalmente Coqui disputa dentro y fuera del PJ.

En vez de bajarle el pulgar a la “maldita policía” anunció premios para los agentes con mayor riesgo por Covid-19; en vez de destrozar los argumentos escandalosos del entonces jefe policial Romero, que lo verdugueó al aire en el programa de Julio, abrazó a la “familia policial” y le ofreció un aumento de sueldo.

Los policías desplazados (que estuvieron presos unos días) habrían pasado a “tareas pasivas”. La de siempre: traslados, movimientos oportunos hasta que todo se calme o se olvide, como sucedió con los imputados por el alzamiento policial de 2013 que le costó la vida a cinco personas, algunos de los cuales, héroes para sus colegas, encabezan los piquetes de 2020.

Capitanich dudó en el que quizás se convierta en el caso policial más emblemático desde que fue electo en 2007, pero no le tembló el pulso cuando tuvo que decir que no aumentaría salarios a los empleados públicos para que la guita no vaya a parar a los usureros, como si los usureros fueran una fuerza ingobernable de la naturaleza, y los empleados sus hijos idiotas.

Hoy, mientras los jóvenes qom Alejandro, Cristian, Daiana y Rebeca le tienen miedo al Estado, el oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera confían en que el Estado, por primera vez, es la máquina perfecta para premiar al que labura.

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