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La necesidad de esforzarnos para valorizar la Defensoría del Pueblo | Por Tere Cubells

Todo indica que durante esta semana la Legislatura de la Provincia del Chaco designará a quienes, por un plazo de 4 años, ocuparán los cargos de titular y adjunto de la Defensoría del Pueblo del Chaco.

El Instituto fue incorporado a la Constitución en el año 1994 pero recién en el año 2012 pudo ponerse en funcionamiento a partir de que el gobernador Jorge Capitanich impulsara su efectiva puesta en marcha cumpliendo un compromiso electoral.

Varios acuerdos políticos precedieron la vigencia de la Defensoría, dado que se requiere la mayoría especial de 22 sobre 32 (2/3) integrantes de la Legislatura y la selección de alguna manera y a juzgar por los magros resultados le restó fuerza e importancia al Defensor.

Salvo por dos o tres temas de impacto mediáticos, la gestión de la dupla que ocupó los últimos 8 años la Defensoría ha quedado prácticamente en el olvido. Sin embargo, cuando el Defensor titular oyó reclamos y actúo –en esos pocos casos- ha quedado demostrada la importancia de su existencia.

En el actual proceso de selección varias y varios postulantes han aportado elementos clave para desburocratizar el organismo y ponerlo al servicio del pueblo y la solución de conflictos y problemáticas graves o centrales que atraviesa a la sociedad chaqueña, entre ellos el acceso a la tierra y los servicios públicos, la violencia contra la mujer, la situación de pueblos indígenas, la compleja situación ambiental, la inserción laboral de la juventud, la vigencia del autoritarismo en las instituciones policiales.

La política no debe hacer primar acuerdos de número por sobre la independencia de criterio, experiencia, calidad y condición humana y formación de las y los postulantes.

La política no debe repetir errores que ya se cometieron y dirimir a favor de candidatxs amigables a su poder o el poder económico y de cuotas de reparto.

Dentro del elevado número de postulantes que pasaron por el recinto legislativo recientemente en las audiencias públicas se encuentran varias personas que reúnen esas condiciones y contribuyeron con aportes reales para que la Defensoría rompa con la lógica de “integrarse al paisaje” de los organismos públicos y transforme el organismo en uno que ejercite acciones que destraben cierta lógica de conflictividad social.

Y también, en ese sentido, entendemos que es necesario incorporar a la mujer en tan relevante instancia de gestión y solución de conflictos. Ausente en las dos instancias anteriores y de flamante incorporación en forma obligatoria por la reciente Ley 3227-A sancionada el 30/09. Es inexplicable que a ésta altura de la historia aún debamos defender la importancia de mixturar géneros en ámbitos de decisión como una forma de contribuir a la reducción de las desigualdades notorias de la realidad.

Desde el Frente Grande, como ya lo hicimos en los anteriores procesos de selección, impulsaremos una Defensoría del Pueblo que tense las relaciones con el poder político y económico de nuestra Provincia, buscaremos consagrar defensora y defensor independiente de esos poderes y con un compromiso por la resolución de los conflictos a favor de los sectores populares.

(*) Diputada provincial del Frente Grande.