Un pacto con el diablo | Por Cristian Muriel

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Las redes sociales no paran el discurso de odio: lo alimentan. Especialistas informan que es por el algoritmo que busca que los polos de igual signo se aglutinen como gotitas de la misma sustancia. Así se arman comunidades de fanáticos, colectivos odiantes que naturalizan desde los modos más elementales del lenguaje posicionamientos que hace diez, quince años, por pudor, hasta los recalcitrantes reservaban para la intimidad.

Si esas comunidades cerradas fueran realmente cerradas no habría problema, pero el discurso de odio fracasaría si no consiguiera abandonar su zona de confort, llegar al territorio enemigo o, mejor aún, a “la gente”. Así que gotea. El fenómeno es de una simpleza mecánica brutal, como un tornillo que se desprende de la rueda de un auto y le perfora la cabeza a un peatón desprevenido.

El discurso de odio –un tuit salvaje, una fake news– tomado por una cadena de medios recibe un “upgrade”, es formateado como noticia, es decir clandestinamente elevado a un estatus que no le corresponde, y es liberado en la Internet o restituido a las redes sociales con anabólicos y papeles (el famoso “contrato de lectura”). La secuencia se repite una y otra vez: tuits salvajes y fake news salen de un perfil trasnochado, se metamorfosean en “fenómeno noticioso” y se meten en el campo semántico en el que se disputan sentidos y en el no tan semántico en el que se voltean gobiernos. Es como el loquito del barrio que entra a la policía y un par de años después regresa con uniforme y una nueve en la cintura.

Tal dispositivo debilita a la democracia, porque la democracia, de todos sus complejos mecanismos de legitimación, tiene uno que es básico: la sociedad la elige por sobre cualquier otro sistema o régimen al actualizarla en el ritual de la memoria, en la letanía y en la práctica que denuncia los peligros de perderla. Es una afirmación permanente. Por el contrario, una sociedad modelada para el odio, acorralada por el miedo, agitada con la amenaza de hordas de tomadores de tierras, olvida que negociar derechos a cambio de orden es una estupidez trágica.

MACHACAR

Luego de que el país superara oficialmente los 30 mil casos de coronavirus, Eduardo Feinmann observó en su programa: “Llegamos a los 30 mil, esta vez sí: 30 mil”, en alusión a la cifra de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Como sus canalladas y las del conductor Baby Etchecopar ya forman parte del paisaje, nadie dijo nada. Pero después lo siguieron una legisladora mendocina del Pro, que irónicamente se llama “Hebe”, tuiteando: “Son 30 mil, no como los otros 30 mil”, y el presidente de la Coalición Cívica de Tierra del Fuego, Tomás Bertotto: “30 mil fallecidos, estos 30 mil sí son de verdad”. En efecto, un salto cualitativo del productor del insumo ideológico al agente que, en el sistema republicano, representa al pueblo.

En esa operación “de prensa” sobre los 30.000 desaparecidos hay mofa gorila y un discurso edificante, contracultural, pero también la necesidad operativa de testear qué piensa “la gente” sobre los temas que les interesan, y ayudarle en la tarea del pensar. La campaña es un éxito. La sociedad no se inmuta. Hay problemas más importantes que un puñado de muertos que quizás nunca existieron o se fugaron a Europa: a saber, los precios por las nubes, los negros que se meten en tu casa, Alverso, La Yegua.

Llegados a este punto, la selfie de Juan Cruz Condomí Alcorta, fiscal a cargo del brutal desalojo del predio de Guernica, con un fondo de decenas de ranchos en llamas, es surrealista pero tan solo provoca “polémica”, igual que es “polémica” la pregunta que se hace en Twitter la diputada cordobesa y Vice de la UCR, Patricia de Ferrari Rueda: “Falta mucho para que aparezcan los Falcon verde para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?”.

El discurso de odio está ahora encarnado. Hay una comunidad odiante, hay recalcitrantes que ya no se esconden, hay una memoria borrosa de la tragedia histórica del Golpe, hay grupos económicos que explotan dispositivos formidables de control social, como los funcionarios del Ministerio de la Verdad que editan la historia palabra por palabra con Liquid Paper y Ctrl X.

Y en el otro andarivel, donde antes estaban las últimas trincheras de la democracia, ahora, aferrados a la misma lógica, subordinados, están todos los jueces del país, todos los fiscales, y también los representantes del pueblo, gobernadores e intendentes y diputados y ediles; y los analistas políticos, los conductores de programas de radio y los conductores de remises; todos, incluidos los que se oponen como índice del fracaso de la izquierda y del progresismo, plegados al aleccionamiento definitivo.

Entonces sobreviene el contagio más federal desde que apareció el Sars-Cov2: el país asiste por cadena nacional a decenas de desalojos violentos, casi simultáneos, coreográficos, provincia por provincia, en los que les sacan a los sin tierra, a patadas en el culo y a balazos de goma, las ganas de volver a meterse en un terreno por más fiscal que sea.

El de Guernica es el más brutal de los desalojos; el del campo de los Etchevehere, el más paradigmático, el que muestra lo que de verdad está en juego; el que democratiza el lawfare y castiga con especial inquina a los suyos. “Es como si hubieran entrado cien forajidos”, farfullan los terratenientes, con cara de circunstancia, al reapropiarse de la tierra en la que antes estuvieron los cumpas de Grabois y duermen los huesos de las víctimas de la Campaña del Desierto. Dolores Etchevehere pasa la tarde en una comisaría.

Era eso nomás, como hace cien, quinientos, tres mil años. La propiedad de la tierra y la división del trabajo.

UN PACTO CON EL DIABLO

En Chaco, donde también hubo decenas de desalojos, la designación nocturna y silente del sargento ayudante Gustavo Olivello como Ministro de Amor (o Minimor, en neolengua) es un símbolo de la misma naturaleza que los otros: es un tuit que niega a los desaparecidos, es un policía sacado que le pega a un trabajador de prensa, que revuelca de los pelos a un pibe en un barrio cualquiera.

Cuando el diputado Pedrini defiende desde el púlpito del Recinto su designación en el gabinete, vale decir, cuando usa la Casa de la Democracia para legitimarlo negando sus excesos documentados, sus sanciones disciplinarias y sus imputaciones penales; cuando dice que no había agredido a ningún funcionario de DDHH y que no le había dado ninguna orden a la policía de cargar sobre los manifestantes porque un subsecretario no le da órdenes a la policía, hace como Brujo Bragueta que se pasea por la iglesia en plena misa con la bragueta baja para que un rato después las mujeres comulguen en pecado. Y como Fausto. Un pacto con el diablo.

Peor que ser Olivello es nombrarlo en el gabinete. Es como pedirle a Barreda que te asesore en materia de género, o al cura Grassi en niñez y adolescencia. Fuera de joda. Es la subordinación más obscena al poder económico en la provincia más pobre del país. Nuestra democracia se merece algo mejor que eso.