Todo sobre la sesión legislativa de este miércoles

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 Todo sobre la sesión legislativa de este miércoles

Diputados ratificaron decretos del Poder Ejecutivo

Por unanimidad El Poder Legislativo, ratificó el decreto 1163/2020, el cual fijó, a partir del 1º de septiembre de 2020, el Valor Índice Uno para determinar las remuneraciones del personal docente, comprendido en el Escalafón Docente, Ley Nº 647-E, en pesos cinco con ochenta millones quinientos ochenta y seis mil ciento catorce.

Además a través de las leyes 3233- A y 3234-A ratificaron los decretos 1068/2020 y 1207/2020, el que fue de aplicación obligatoria a toda la población de la Provincia, la administración pública, fuerza de seguridad, organismo centralizados y descentralizados, Institutos, Entidades y Empresas del Estado Provincial o con participación estatal mayoritaria, hasta el día 25 de septiembre y hasta el 11 de octubre respectivamente. Votación que llevó la abstención del Frente Grande, Frente Integrador y de la UCR.

También, ratificaron el decreto1360/2020 por el que incorpora como actividad habilitada, al funcionamiento de guarderías infantiles y jardines maternales, las que funcionarán bajo las modalidades y restricciones generales establecidas por el Decreto Nº 1314/2020 y las medidas particulares previstos en los protocolos aprobados por la autoridad sanitaria provincial.

En igual sentido -con 17 votos afirmativos y 12 abstenciones-ratificaron el Decreto Nº 1429/20, a través del cual se aprueban las disposiciones para todo el territorio provincial, la implementación de medidas especiales de restricción con vigencia desde el día 25 de octubre y hasta el día 7 de noviembre de 2020.

La diputada Gladis Cristaldo señaló: “este proyecto ley tiene que ver con la ratificación de la última prórroga de las medidas de emergencia determinadas por el decreto 1429/20 que extiende desde el 25 de octubre hasta el 7 de noviembre las medidas implementadas en el marco de la pandemia” y solicitó que se constituya la Cámara en comisión, se emita el despacho respectivo y se apruebe.

Insisten en la sanción legislativa que postergó la convocatoria y proceso eleccionario del IDACH

Con 24 votos afirmativos, el Poder Legislativo, a través de la resolución 402, insiste en la sanción Legislativa 3218 W que se aprobara debido a la situación epidemiológica actual, postergando la convocatoria y consecuente proceso eleccionario al 17 de enero del 2021 del Idach. Donde se prevé elegir al Presidente, vocales titulares y suplentes elegidos por cada pueblo indígena (Qom, Moqoit, Wichi) que dirigirán el Instituto del Aborigen Chaqueño.

Al tratar el expediente remitido por el Poder Ejecutivo, de un veto parcial a la norma que postergó -con motivo de la pandemia coronavirus- la convocatoria y consecuente proceso eleccionario interno 2019 en el instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) la que se realizará el próximo 17 de enero del 2021

Cabe recordar que la normativa, establece que la Cámara de Diputados del Chaco, antes de la finalización del periodo de sesiones ordinarias del año en curso, efectuara una evaluación en consulta con el Ministerio de Salud y Municipios donde residen las comunidades originarias en cuanto a las condiciones epidemiológicas que permitan ratificar o rectificar la fecha fijada.

El Presidente de la bancada oficialista Juan Manuel Pedrini, recordó “oportunamente sancionamos la ley 3218-W buscando un consenso para suspender las elecciones en el IDACH, el Gobernador vetó esa sanción legislativa parcialmente y creo que lo que corresponde es que tratemos la cuestión, desde ya adelanto que creo conveniente ratificar la sanción original”.

La diputada Andrea Charole observó: “esta ley fue votada hace dos semanas atrás y la verdad que me sorprenden las palabras del señor Presidente del bloque, el Gobernador ha mandado el veto parcial de esta ley y creo que es un hombre inteligente, que supo entender el pedido de las comunidades, este veto que él ha mandado tiene adjunta una propuesta superadora que seguramente la ha trabajado con sus asesores, es un tema que han aceptado también los propios candidatos cuando se hizo la consulta y realmente nosotros vamos a acompañarlo porque creemos que la comunidad originaria necesita de una información precisa y concisa con respecto a las elecciones de nuestras autoridades”.

Desde el Bloque Frente Integrador el diputado Jaime Parra Moreno solicitó la abstención.

El diputado Pedrini clarificó la moción del bloque explicando: “este es un tema que motivó la preocupación y la ocupación por parte de todos los legisladores en lograr el mayor consenso posible para posponer las elecciones en el IDACH por la pandemia, en su momento se reconsideró la cuestión por pedido de la diputada Charole y se volvió a ratificar la sanción original, , es una cuestión opinable pero entiendo que no están dadas las condiciones para realizar una elección tan pronto, y que esa fecha debería ser el punto de partida del proceso, tenemos una apreciación distinta con el Poder Ejecutivo por lo tanto insistiríamos en la sanción original preservando la salud pública y teniendo como eje en esta decisión el superior interés del pueblo de la provincia del Chaco”.

La diputada Lidia Elida Cuesta apuntó “es cierto que hemos votado en la sesión pasada un proyecto supuestamente consensuado -y digo supuestamente porque yo no participé de la reunión-, se produjo un dictamen en el que no estaban incluidas las modificaciones propuestas por Charole, por lo tanto quien les habla junto con la diputada Charole tenemos derecho a cambiar de opinión, como evidentemente lo tienen los demás legisladores”.

Prorrogan por 90 días corridos, el plazo para pronunciamiento del Tribunal de Cuentas sobre las rendiciones

A través de una propuesta impulsada por el presidente del Poder Legislativo, Hugo Sager, el Cuerpo en su sexta sesión ordinaria aprobó la ley, que prorroga por 90 días corridos, el plazo para que el Tribunal de Cuentas se pronuncie sobre las rendiciones de cuentas correspondientes a los ejercicios 2018.

La misma se planteó considerando la causa de la Pandemia COVID19, declarada por la Organización Mundial de la Salud, y hoy por ley 3238-A se prorrogó por 90 días corridos el plazo establecido en el 2do. párrafo art. 179° de la Constitución Provincial, que será aplicable a las rendiciones de cuenta de los organismos y agentes comprendidos en el 1er. párrafo de la misma preceptiva, y del Capítulo IX de la ley 831-A, a computar desde el vencimiento extraordinario establecido por ley 3136-A correspondiente a los Ejercicios 2.018.

Del mismo modo, se observó la situación de “aislamiento preventivo y obligatorio como así la suspensión de toda la actividad pública y privada que no fuera expresamente declarada esencial, y que con posterioridad se dispuso un plan de reanudación del funcionamiento jurisdiccional presencial acotado en una primera etapa a Autoridades Superiores y Directores como asimismo al personal cuya función le fuera expresamente requerida; vale decir, el tribunal de Cuentas no volvió, a la fecha a su funcionamiento normal” argumentó el autor.

“Dichas medidas incidieron en el regular ejercicio de las funciones de éste Tribunal de Cuentas las que en consecuencia repercutieron en el cómputo y su consumación de los ciento veinte días (120) dispuestos por la ley 3136-A sin que pudiera materializarse el fin propuesto en particular del Ejercicio 2018” consideró.

Además precisó que “en este sentido contribuyó como un obstáculo al cumplimiento del plazo extraordinario previsto por la ley 3136-A la recaudación funcional del Tribunal de Cuentas en el ámbito del sus Fiscalías Relatoras y Fiscalías intervinientes, de su operatoria habitual al que necesariamente tuvieron que adaptar al contexto que impone la pandemia”.

El diputado Nicolás Slimel brindó precisiones sobre la iniciativa enfatizando que la misma “va en concordancia con lo que en su momento el Tribunal de Cuentas había solicitado al Poder Ejecutivo Provincial, en particular la prórroga del plazo del artículo 179 de la Constitución a raíz de esta situación de pandemia que nos afecta a todos, y teniendo en cuenta que las dotaciones de personal en la mayoría de los organismos y municipios que están comprendidos en el marco de esta prórroga están trabajando entre un 30 y 40% y se hace imposible cumplimiento en los plazos que se habían autorizado por la ley 3136-A que fueron de 120 días”.

“Esto permite prorrogar por el término de 90 días corridos más, aplicable para la rendición de cuentas de la administración provincial, municipal, empresas del estado provincial, y entidades de derecho privado en cuya dirección tenga responsabilidad el estado o las municipalidades” detalló, “es una cuestión que tiene un requerimiento masivo de prácticamente todos los responsables de las distintas administraciones por lo que solicito a los pares la aprobación del proyecto de ley”.

El diputado Roy Nikisch observó que la norma refiere a rendiciones de cuenta del ejercicio 2018 y sostuvo “esto no tiene que ver con la pandemia sino con la ineficiencia del Gobierno de la provincia del Chaco y sus organismos que año tras año nos mandan informaciones tardías”.

Desde la banca del Frente Grande, la diputada Teresa Cubells remarcó “la emergencia por pandemia se inició en marzo del 2020 y las rendiciones de los organismos debieron ser cumplidas en el 2019 por el Gobierno anterior, en razón de esto mismo no voy a acompañar la sanción de la presente ley”.

Los diputados García Amud y Obeid serán integrantes del jurado para la selección del Fiscal de Estado

En la sexto sesión ordinaria, al analizar el expediente 114/2020, y tomando conocimiento del decreto Nº 888, por el cual establece el concurso abierto de antecedentes y oposición, para cubrir el cargo vacante de fiscal de estado de la provincia del Chaco, el Poder Legislativo, decidió designar a los diputados Nadia García Amud (titular) y Luis Obeid(suplente) , como miembros integrantes del jurado que tendrá a su cargo la designación del próximo fiscal de estado de la provincia del Chaco.

Sometido a votación, se logró la integración en este jurado por resolución del Cuerpo 403/2020, con la abstención de las diputadas Elida Cuesta, María Elena Vargas y Andrea Charole y el bloque radical, quienes así lo solicitaron al Cuerpo.

Por ley extienden la licencia extraordinaria a docentes en caso de trámite jubilatorio

El Cuerpo Legislativo con 26 votos afirmativos, reformó la ley del Estatuto Docente en lo referido a la licencia extraordinaria que se le concede a los docentes por Certificación de Servicios Prestados, Aportes y Trámite Jubilatorio.

La cuestión fue estudiada en la comisión de Educación del Poder Legislativo, en donde se acumularon varias iniciativas que en el mismo sentido perseguían esta modificación, así a la propuesta del diputado Roy Nikisch, se agregaron las iniciativas la diputada Gladis Cristaldo, del diputado M/C Daniel Trabalón y una promovida por los diputados Carina Batalla y Roy Nikisch.

Con esta adecuación en el artículo 318, la normativa establece que el docente tendrá derecho a una licencia con goce total de haberes luego de transcurridos sesenta días corridos de haber solicitado la certificación de aportes y servicios, exigidos por la ley vigente para acceder a su jubilación ordinaria móvil, por incapacidad o edad avanzada, ante el área correspondiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, o de forma on-line a través de la página oficial del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (In.S.S.Se.P), y no hubiera respuesta.

Además determina que la solicitud de esta licencia la realizará el docente adjuntando copia certificada del pedido de certificación de aportes y servicios o constancia de trámite on-line y declaración jurada, a través de la dirección del establecimiento o lugar de trabajo donde se desempeña.

Una vez obtenida la correspondiente certificación de servicios y aportes, ésta licencia se prorrogará para aquellos docentes que a la fecha de iniciación del trámite se encontraren encuadrados en los requisitos de la Ley Nª 800 H (Antes Ley 4044), hasta que se dicte la resolución del otorgamiento del beneficio jubilatorio por parte del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (In.S.S.Se.P).

Finalizado el trámite de certificación de aportes y servicios, el docente que hubiere usado de dicha licencia, y no cumpliere con las condiciones exigidas para acceder al beneficio jubilatorio solicitado, deberá reintegrar los haberes percibidos durante la misma, los que serán descontados directamente de su salario salvo error imputable al organismo oficial. Los directores de establecimientos u oficinas responsables de las licencias informarán mensualmente, la nómina del personal que usufructúa dichas licencias, esta cuestión no fue modificada.

Reforma que abarco también al artículo 333 y 342 de dicha norma, para que se encuadren con la licencia extraordinaria por trámite jubilatorio.

La presidenta de la comisión de Educación Gladis Cristaldo, explicó que este tema “reúne 4 iniciativas, el primero que es de Nikisch, segunda de mi autorìa, tercera de Trabalón, cuarta de Nikisch” detalló, e informó que a ellos se agrega un expediente promovido por la Atech, propicia modificación del art 318 y el 333 de la ley del estatuto , lo cual tiene que ver con la demanda de un amplio sector de aquellos docentes que están en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria -conforme a lo que establece la ley 800 H-, que una vez emitida la certificación de servicios el docente debe reintegrarse a sus funciones en la escuela donde prestaba función, por lo que con esta reforma propiciamos que el docente siga teniendo derecho a la licencia remunerada hasta que el InSSSeP dicte el instrumento dado de baja” informó en el Recinto de Sesiones.

En la actualidad “el docente solicita la certificación de servicio, la misma no es otorgada, se le concede una licencia, pero una vez obtenía la certificación el docente debía volver a la escuela hasta que le den de baja, esto daba lugar a una situación injusta y ahora se va a aportar calidad al sistema, con esta reforma estamos prorrogando la licencia”.

Trabajo Social: cambian la denominación a prácticas profesionales con abordaje de la cuestión social

La Legislatura Chaqueña por ley reformó varios artículos de normativa que regula en la provincia –con su nueva denominación- el ejercicio del Trabajo Social como profesión en el territorio provincial, queda sujeto a las disposiciones de la presente ley, su reglamentación y el Estatuto del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la Provincia del Chaco que en su consecuencia se dicte.

La modificación partió de una iniciativa planteada por los diputados Jessica Ayala, Juan José Bergia, Elda Insaurralde, Claudia Panzardi, y Liliana Spoljaric, la que recibió el acompañamiento del Cuerpo y logró su aprobación, en presencia de trabajadores y trabajadoras sociales.

La reforma incluye además, que la habilitación en el ejercicio de dicha profesión, su contralor y el gobierno de la matricula respectiva, se practicara por medio del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la Provincia del Chaco.”

Además define como Trabajo Social como una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.”

Finalmente para hacer una correcta adecuación de la norma, se sustituye en todo el texto de la ley 546 – C, en donde se mencione la denominación Servicio Social, Asistente Social por la de Trabajo Social Trabajador/ra Social.

La diputada Jéssica Ayala informó que “esto ha sido trabajado con el Colegio profesional , a quien quiero agradecer en especial a la presidente Irene Rodríguez y Carina Ojeda vicepresidenta que hoy nos acompañan” en tanto que manifestó “probablemente resultara útil que el trabajo social los que las trabajadoras sociales hacemos en nuestras prácticas, por eso es importante en reparar como se nos ve, debemos ir instalando en cada espacio los marcos normativos que jerarquizan la profesión” contó de las expresiones que le hicieron llegar trabajadores y trabajadores sociales, que con esta ley “comienza una reparación para este grupo de mujeres y hombres profesionales comprometidos con el Chaco”.

Por su parte la diputada Clara Pérez Otazú se sumó a las expresiones de la diputada Ayala para reconocer el trabajo y compromiso para los sectores vulnerables, sobre todo en este contexto de pandemia.

Modificaron la ley de Bienes secuestrados o decomisados

El Parlamento chaqueño sancionó este miércoles una reforma a la normativa que creó el Registro de Bienes Secuestrados, Bienes en Depósito Judicial y Bienes Decomisados-, con el objetivo establecer el acceso digital de la ciudadanía a los bienes que fueran secuestrados para facilitar su individualización por parte de aquellos sujetos que se consideren con derechos sobre los mismos y, en consecuencia, constituirse en un canal ágil, sencillo y público para lograr la recuperación de tales bienes.

Con la acumulación de dos iniciativas, impulsadas por un lado por la diputada Nadia García Amud y la otra autoría del diputado Bergia, recibieron tratamiento y despacho por unanimidad en la comisión, convirtiéndose hoy en ley, favoreciendo el recobro de bienes por aquellas personas que fueron víctimas de delitos o contravenciones, quienes deberán acreditar fehacientemente tener derechos sobre ellos

La modificación aprobada al artículo 3 considera en cuanto a los bienes que correspondan, desde el secuestro judicial y hasta su decomiso, con independencia de lo previsto en los artículos 8°, 11 y concordantes de la presente, se publicarán imágenes, en plataforma digital y durante el término de ley, que procuren la individualización por parte de la ciudadanía que acreditare tener derechos sobre el mismo, con descripción del bien que permita su correcta identificación, lugar de ubicación, Magistrado interviniente, carátula y número de expediente, fecha en la cual procedería el decomiso, breviario instructivo del trámite de recuperación/devolución de bienes y todo otro dato que la autoridad de aplicación considere pertinente, en un todo de conformidad a la Acordada N° 2810 del año 2003 o reglamentación que en el futuro la reemplace.

A estos efectos, el Superior Tribunal de Justicia habilitará, en el sitio web oficial del Poder Judicial de la Provincia del Chaco, un enlace específico que facilite lo estipulado en este párrafo con previsión de las medidas de seguridad que estime menester.

Por otra parte, se incorporó un articulo 5 a dicha ley, determinado que si los bienes se trataren de bienes muebles o muebles registrables que pudieran deteriorarse en caso de quedar en depósito, deberá informarse a al Poder Ejecutivo Provincial a fin de que manifieste su interés en el uso de éstos y el destino que se les otorgaría, debiendo estrictamente ser afectados al cumplimiento de la función de seguridad pública y ciudadana o al servicio de entidades con personería jurídica sin fines de lucro fehacientemente acreditadas que tienen como finalidad la asistencia de personas en estado de vulnerabilidad, en ningún caso podrán ser utilizados para uso particular.

La Magistratura interviniente –dispone la norma- podrá otorgar los bienes en calidad de depositario judicial, asumiendo las obligaciones inherentes a su guarda y conservación, previa contratación de un seguro de responsabilidad civil contra terceros en el caso de vehículos a motor.

Además la ley determina que la entrega en depósito podrá ser revocada por la Magistratura, si correspondiera la devolución a su legítimo propietario y/o se verificase una afectación diferente a la que diera motivo a su otorgamiento y/o el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el depositario.

Y en caso de vehículos, deberán ser ploteados con la inscripción visible “Vehículo recuperado en la lucha contra el delito, hoy al servicio de la ciudadanía –Ley Prov. 1283 – A”.

Expresiones en el Recinto

La diputada Nadia García Amud comentó “este proyecto fue despachado por unanimidad en la comisión de Legislación, con la propuesta 1365 propusimos la modificación de la ley que crea el registro de bienes secuestrados, a su vez, el diputado Bergia también propone una modificación, por lo que hemos trabajado ambas propuestas y emitimos un despacho donde en el artículo 1, modifica el artículo ley 3, la modificación radica en que se van a publicar las imágenes de los bienes secuestrados en plataformas digitales que procure la individualización de la ciudadanía sobre los bienes” explicó.

En tanto que “hoy en pandemia entendemos mucho más apropiado esa modificación, la propuesta de Bergia está incorporada en el artículo 2 del despacho donde modifica el 5 y propone que los bienes sean remitidos y sean destinados a la policía”.

En este punto, el diputado Juan José Bergia –autor de la modificación al artículo 5- consideró “existen una gran cantidad de bienes en depósito saturando espacio físico, los vehículos se van deteriorando por el paso del tiempo, y la imposibilidad de un buen resguardo lo hacen inutilizable es importante que todos los organismos que lo puedan utilizar lo hagan., es importante que la policía se le deba informar a fin que manifieste el interés y el destino que se le va a otorgar “.

El diputado Livio Gutiérrez manifestando su acompañamiento a la propuesta indicó “la iniciativa tiene una simbiosis importantes, una la visibilidad, mucha gente recorre comisarias, fiscalías tratando de identificar su vehículo y ahora centraliza en una página web y la otra cuestión si hay vehículos reutilizables nos parece de lógica que la policía lo utilice”

Se aprobó la obligatoriedad del uso de mascarillas transparentes en toda oficina, organismo o dependencia de atención al público

El Parlamento Chaqueño aprobó una ley por medio del cual se establece la obligatoriedad, en todo el territorio de la provincia, del uso de mascarillas, protectores faciales o barbijos transparentes en toda oficina, organismo o dependencia de atención al público.

La normativa fue promovida por el diputado Livio Gutiérrez y obtuvo dictamen unánime en la comisión de Desarrollo Humano y Salud donde tuvo su tratamiento, y que en esta sesión logró su aprobación por unanimidad.

La normativa tiene como objeto garantizar el acceso y comunicación de las personas sordas o hipoacúsicas a través de la lectura facial, gestual y de labios del interlocutor; así como promover campañas de concientización para fomentar su uso y así garantizar la comunicación, promoviendo la inclusión de todas las personas en la sociedad.

Para ello determina que las oficinas, organismos o dependencias que atienda al público deberán constar con al menos 1 trabajador por turno o franja laboral utilice la mascarilla, protector facial o barbijo transparente.

El autor de la iniciativa, Livio Gutiérrez manifestó en primer lugar un agradecimiento a la comisión de Salud por el despacho unánime, considerando además que “esta pandemia vino aquedarse y vamos a tener que sufrirla varios meses más, y este es un proyecto simple hace referencia de la obligatoriedad de mascarillas en oficinas públicas, por lo menos una persona que tenga un barbijo transparente, lo cual se nos ocurrió porque garantiza el acceso de las personas sorda mudas, las personas que tienen problemas de comunicación, de riesgo., vulnerables” explicó.

Chaco contará con una unidad de geriatría y gerontología en hospitales de cabecera

Este miércoles, diputados dieron sanción a una iniciativa del legislador Luis El Halli Obeid, por la cual se establece la creación en el ámbito de la Provincia, específicamente en los hospitales de cabecera “Hospital Dr. Julio Cecilio Perrando y 4 de Junio Ramón Carrillo”, las unidades de atención geriátrica para la atención de personas mayores de 60 años.

El objetivo de esta ley garantizar la atención médica especializada, integral y prioritaria de las personas mayores, promocionar de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, rehabilitar y brindar los cuidados paliativos de la persona mayor como así también la atención ambulatoria e internación, así como propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social.

La norma sancionada prevé en uno de sus artículos que cada unidad de atención Geriátrica y Gerontológica estará integrada por un equipo interdisciplinario compuesto por Médico especialista en geriatría, Médico psiquiatra, Odontólogo, Ginecólogo, Licenciado en Psicología, Licenciado en Kinesiología y Fisiatría, Licenciado en Nutrición, Asistente Social, y Acompañante terapéutico. El número de profesionales se determina conforme a la demanda de atención sin perjuicio de las posteriores derivaciones a otras especialidades médicas.

Los integrantes del equipo interdisciplinario deben acreditar ante la autoridad de aplicación – Ministerio de Salud Pública – su capacitación en geriatría. Siendo deber de la autoridad de aplicación debe garantizar y verificar la capacitación en geriatría de los miembros del equipo interdisciplinario.

Para ello, la norma dispone que el Ministerio de Salud Pública, quedara autorizado a requerir las partidas presupuestarias para atender las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley. El Poder Ejecutivo dispondrá los créditos presupuestarios correspondientes pudiendo reasignar partidas para atender dichas erogaciones.

Como autor de la propuesta, el diputado del PRO Luis Obeid se expresó en el recinto de sesiones y recordó que “en el 2017 nos adherimos como provincia a la ley nacional 27360 que tiene que ver con aprobar la convención Interamericana sobre protección de los DD HH de las personas mayores, en sus postulados en donde me siento en la obligación de buscar la efectividad de los mismos”.

“El adulto era considerado como un sujeto de asistencia, esto cambio, hoy el adulto es un sujeto de derecho, la vejez tiene un conducto histórico y socio cultural que cada sociedad define cual es el significado que le quiere dar. Hoy más del 14 % en el país son adultos mayores por eso no es caprichosa esta intencionalidad, porque el objetivo es garantizar la atención médica especializada en este grupo etario. Sueño que esta unidad este conformada por equipo interdisciplinario que lidere médicos geriatras que tenemos la posibilidad de formarlos en nuestro sistema de salud., esto va a ser positivo, progresivo, mejorable”.