A la medida de Toledo: el Frente Chaqueño impulsa una ley para impedir que funcionarios de la Dictadura presidan el STJ

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 A la medida de Toledo: el Frente Chaqueño impulsa una ley para impedir que funcionarios de la Dictadura presidan el STJ

El 24 de noviembre fue elegido por sus pares en “acuerdo extraordinario virtual” para presidir el Superior Tribunal durante 2021. Si el oficialismo consigue la sanción de la nueva ley, el también exministro Coordinador de Gabinete de Ángel Rozas tendrá que jugar su última carta en la Justicia.

Tras las muertes en 2015 de Ramón Ávalos y de Ricardo Franco, Rolando Toledo es el último ministro cuestionado que queda en el Alto Cuerpo. Hasta ahora todos los planteos sobre la inconstitucionalidad de su nombramiento sin concurso besaron la lona, y tampoco prosperaron los que apuntaron a su oscuro pasado: haber integrado la “CAL” (Comisión de Asesoramiento Legislativo), el remedo parlamentario pergeñado por el gobierno de facto para legitimar sus actos de gobierno.

Toledo, nombrado por el rozismo en 2006, sobrevivió a todas las embestidas judiciales y civiles, desde las 20.000 firmas cosechadas por el mítico Foro por una Justicia Independiente para promover su destitución, hasta las presentaciones judiciales y legislativas de distintos sectores.

En junio de 2010 el entonces ministro de Gobierno de Jorge Capitanich, Juan Manuel Pedrini, fue la cara visible de otro fallido interno de removerlo por la inconstitucionalidad de su nombramiento; y vuelve en 2020, ahora en su calidad de jefe de la bancada peronista en la Cámara de Diputados, pero apuntando a su lado oscuro: haber sido funcionario de la dictadura.

El proyecto de Ley Nº 2017 propone la modificación del Artículo 22 de la Ley 1 – B, estableciendo que “no podrán ocupar la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, las personas que hubieran sido funcionarios y funcionarias de la Dictadura Cívica- Militar 1976/1983 o hubieran ocupado cargos dentro de las estructuras de gobierno puesta en funcionamiento por dichos gobierno de facto”. Además de la firma de Pedrini, se suman las diputadas Claudia Lorena Panzardi, Liliana Spoljaric, Elda Insaurralde, Tere Cubells y Gladis Cistaldo junto con los diputados Nicolás Slimel, Juan José Bergia y Rodolfo Schwartz.

“Existe la preocupación manifiesta de que el juez Rolando Toledo pueda ocupar nuevamente el cargo de presidente de máximo tribunal de Justicia de la Provincia. Queremos evitar que esto vuelta a suceder estableciendo un marco normativo claro”, indicaron los firmantes. “La CAL fue el órgano designado por la dictadura para reemplazar a las Cámaras de Diputados de las provincias. Y justamente en el caso del Chaco, es un hecho aberrante que un cómplice civil de la dictadura sea el encargado de administrar Justicia”.

“Hay un compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia. La participación cívica en la dictadura es condenable, al menos, por ahora, en términos sociales y políticos. Y es el propósito de este proyecto de Ley”, destacaron las y los diputados, que la calificaron como una “norma necesaria hasta una reforma constitucional que establezca la falta de idoneidad de funcionarios de la dictadura para ocupar cargos públicos”, indicaron.

En tanto, precisaron que “un antecedente señero” para la modificación que se pretende con el proyecto Nº 2017, se encuentra en la Constitución Provincial de Entre Ríos: “En el año 2008 ha preconizado la Convención Constituyente una cláusula que establece ‘la falta de idoneidad para ejercer cargos públicos a los funcionarios que ocuparon cargos en la dictadura militar que se inició el 24 de marzo de 1976’”.

“En nuestra Provincia, hasta tanto no se convoque a una nueva Convención Constituyente que pueda plasmar una prohibición en ese sentido, el camino adecuado a recorrer sería la reforma de esta ley, y sucesivamente la ley de Organización de Ministerios del Poder Ejecutivo y del Reglamento de ésta Honorable Cámara de Diputados, a los fines de impedir que ex funcionarios de la última Dictadura ocupen cargos de relevancia dentro de los tres poderes del Estado provincial, para que de esta forma se pueda afianzar la justicia y consolidar la paz interior, tan anheladas por los que forjaron nuestra Constitución”, finalizaron.