La jueza que otorgó el hábeas corpus al intendente Nievas calificó de “descabellada” y “maliciosa” la imputación federal en su contra

Policiales y judiciales Provinciales
 La jueza que otorgó el hábeas corpus al intendente Nievas calificó de “descabellada” y “maliciosa” la imputación federal en su contra

Esta semana la Justicia Federal llevó a cabo la indagatoria a la jueza de Garantías Nº 1 del Chaco, María de las Mercedes Pereyra, imputada por abuso de autoridad, prevaricato y encubrimiento agravado tras impedir en noviembre de 2018 la detención del intendente de Castelli Alberto Nievas.

El juez Federal Subrogante Jose Luis Aguilar tomó la declaración, aunque la causa está en la órbita de la titular del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, a instancias del fiscal federal Patricio Sabadini, para quien el hábeas corpus a Nievas fue “arbitrario e irregular” porque no se siguieron los procedimientos legales provinciales y, para colmo, dos días después de otorgarlo se dictó una segunda resolución ratificando la vigencia de la medida hasta que el acusado fuera notificado.

Sostienen que “ambos resolutivos fueron dictados con una evidente falta de jurisdicción y competencia material y sin sustanciación, por haber omitido el requerimiento de informe previo alguno que permita afirmar la existencia de un supuesto acto lesivo, y sin dar la obligada intervención al Fiscal de Investigaciones de esa jurisdicción”. De ser hallada culpable, Pereyra se enfrentaría a un mínimo de tres años de prisión.

CIRCO MEDIÁTICO
En su declaración, la jueza de Garantías aclaró que cuando la defensa de Nievas presentó el hábeas corpus, estaba de guardia rotativa, es decir que la causa pudo haberle tocado a cualquiera, y que de todas formas las acciones de hábeas corpus son muy frecuentes en los juzgados de garantías porque esa es, precisamente, su función. Vale recordar que estaba en juego la libertad de un intendente municipal que gozaba de inmunidad de arresto.

“Resulta cuando menos descabellado considerar la comisión de un delito, cuando estamos frente a una obligación de carácter laboral y funcional”, se defendió Pereyra, quien además criticó “el gran despliegue mediático” que se montó durante semanas para “desacreditar al magistrado actuante”. “Lo incorrecto hubiera sido no darle tratamiento, o dilatar o demorar la decisión”, sentenció.

COMPETENCIA
Para Pereyra, Niremperger no la puede acusar de un delito por la sola disconformidad con una decisión tomada por su juzgado. De hecho “el delito de abuso de autoridad estaría en cabeza de quien por esa disconformidad procede a formar causa penal sin respetar las obligaciones funcionales y los criterios de los magistrados”, disparó.

Advirtió que el otorgamiento del hábeas corpus a Nievas es una cuestión exclusiva de su función que sólo pueden revisar los tribunales de alzada y, de hecho, fue revisada por la Cámara de Apelaciones de la provincia del Chaco.

Tampoco es la primera vez que Pereyra resuelve en este sentido. Ya lo había hecho en 2011 con el intendente de La Leonesa, José Carbajal, medida que fue confirmada primero por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la provincia, luego por el Superior Tribunal de Justicia y por el último rechazado el Recurso Extraordinario Federal. También la Cámara Contencioso Administrativa del Chaco adoptó temperamentos similares en su acción declarativa de certeza tras los allanamientos al municipio de Pampa del Indio.

HÁBEAS CORPUS
Pereyra recordó que el Artículo 195 de la Constitución chaqueña, que prescribe la inmunidad de arresto, “está por encima de las leyes, decretos y resoluciones”, y fue “justamente lo que se solicitó en la Acción de Hábeas Corpus”. Para la magistrada no sólo estaba en peligro la inmunidad de arresto sino la autonomía municipal en el marco de una “amenaza ilegitima a la libertad individual”.

En cuanto a las omisiones señaladas por Niremperger, aseguró que “la vista al Fiscal y la sustanciación” no son ni obligatorias ni indispensables cuando de debe garantizar la protección de los derechos constitucionales, y con un plazo máximo de 12 horas. “Dadas las circunstancias particulares del caso no existía la posibilidad material de llevar a cabo algún tipo de sustanciación” o “la amenaza a la libertad se habría concretado”.

Tampoco hubo ningún problema de jurisdicción, ya que la jurisdicción del Juez de Garantías del Chaco es todo el territorio provincial, y la defensa de Nievas solicitó su intervención para resolver dentro de la provincia sobre la vigencia de una norma de la Constitución chaqueña, es decir para ejercer sus facultades naturales.

Para reforzar cualquier duda jursidiccional, Pereyra recordó que la Ley 23098 que establece el procedimiento para el hábeas corpus, invita a recurrir a las normas que garanticen “más eficiente protección de los derechos”, como pueden ser las constituciones de provincia.

Finalmente, señaló que si para la Niremperger se trataba de un conflicto de competencia, debió plantear sus objeciones por la vía procesal con una inhibitoria o una declinatoria en lugar de “abusar” del derecho penal.

ENCUBRIMIENTO
En cuanto a la imputación de encubrimiento, la jueza de Garantías se mostró sorprendida y cargó contra el fiscal Patricio Sabadini: “Resulta difícil dar una explicación ante tamaña barbaridad jurídica. Considero que esto trasciende el mero desconocimiento del derecho, y entiendo que es demostrativo de mala fe por parte del Ministerio Público”.

“Yo actué ejerciendo mi función en el marco de una acción constitucional e imponiendo mi criterio, que es para lo que detento el cargo. Esto no puede tener ninguna relación con lo que haya hecho o no Nievas. Si seguimos la línea de imputación, resultará encubridor cualquier Juez que haga lugar a un Hábeas Corpus o deje en libertad a un imputado”, abundó.

“El hecho de que se respeten las garantías constitucionales durante el proceso, y por ello corresponda la continuación de la investigación con el imputado en libertad, no implica de ninguna manera la interposición de algún obstáculo para la prosecución de la causa”, sintetizó Pereyra.

Por último, insistió en que “pocas veces he visto desaciertos de esta magnitud, lo cual reviste una extrema gravedad por la figura de quien hace uso de sus funciones con una finalidad que nada tiene que ver con la aplicación del derecho penal, ya sea por desconocimiento del derecho, abuso del rol asignado por la ley, o intencionalidad de cualquier índole”.