El único pacto es cumplir

Opinión Política Provinciales

Por Cristian Muriel

Durante los últimos meses pude ver el avance de los trabajos que hombres y mujeres de distintas organizaciones sociales llevaban a cabo en escuelas del Gran Resistencia: tanques mohosos que quedaban como nuevos; drenajes tapados de mugre durante el abandono del 2020 que ahora dejaban pasar agua limpia; cables colgando del techo reemplazados por instalaciones eléctricas flamantes. Y no eran sólo los parches, el revoque nuevo, los muros pintados: era la cara de esa gente, las sonrisas anchas, el orgullo.

La Provincia los contrató a través de Sameep. No les pagaron. Por eso cortan la esquina de Avenida 9 de Julio y Avenida Las Heras.

En ninguna cabeza puede haber lugar para pedirle paciencia a gente que hace changas; si en abril no cobraron el trabajo de enero, hoy no tienen para parar la olla. Encima es poca guita, porque la Provincia hizo un ahorro importante de recursos al no someter esos trabajos a procesos de licitación con empresas de servicios de construcción y mantenimiento, lo que hubiera disparado los costos y estirado los tiempos más allá de la fecha prevista para la vuelta segura a clases presenciales.

En una entrevista que le hicimos en enero de 2020, el expresidente de Sameep, Pablo Sánchez, cuantificaba la “pesada herencia” que Domingo Peppo y Gustavo Martínez le habían dejado: 4184 becados: entre 20 y 22 millones de pesos por mes (de los últimos dos meses se hizo cargo el gobierno de Jorge Capitanich). 1599 contratados del Programa Mejor Vivir: entre 7 y 8 millones de pesos por mes. Más de 600 personas y empresas, entre periodistas, bailarinas de zumba, referees de torneos infantiles de fútbol y payasos, con sueldos de entre $12 mil y $ 220 mil por mes: unos $ 30 millones mensuales. $ 22 millones por mes en publicidad de todo tipo. Entre 144 y 170 millones de pesos por mes incluyendo aportes jubilatorios, a unos 800 cooperativistas del Equipo Hábitat, reconvertidos a jornalizados de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Buena parte de ese “paquete político” que no tenía nada que ver con el agua y las cloacas arrastró a la empresa a deberle $ 1400 millones al InSSSeP que todavía se están refinanciando. Y todavía necesitaban (a enero de 2020) no menos de $ 100 millones mensuales para comprar productos químicos e insumos para potabilizar el agua que consumen los chaqueños y chaqueñas. Obviamente la calesita no podía parar, así que tampoco le pagaban la electricidad a Secheep.

Por eso es difícil imaginar que el plan de saneamiento del nuevo presidente de la empresa, Leonardo Aguzín, vaya a cambiar algo en poco tiempo, o que haya alguna relación peregrina entre costos fijos y servicios en una empresa que funge como caja no-tan-chica de otras carteras, que financiera y económicamente pende de un hilo.

Y también por eso es difícil imaginar que estos laburantes que se pasaron el verano al rayo del sol limpiando los tanques de agua de las escuelas, destapando las cañerías, reparando baños y cielorrasos y cambiando instalaciones eléctricas, vayan a cobrar un solo peso adeudado si no reclaman.

No puede haber argumentos punitivistas ni sanitarios, ni mucho menos “pactos sociales”, cuando ya no le pagás al plomero y al electricista.