Interpenación

Opinión Política Provinciales

Por Cristian Muriel

Uno de los logros de los que se enorgullecía el ahora condenado exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey, era haber terminado con el curro de las licencias por enfermedad de los docentes al desmantelar la Dirección de Medicina Laboral que dependía del Ministerio de Salud, y crear en 2016, en la órbita de su Secretaría, la Dirección de Salud Ocupacional.

Si bien las oficinas tenían por objeto atender a toda la administración pública, el 95 por ciento de la licencias eran solicitadas por docentes. En un año disminuyó el ausentismo entre 40 y 65%, con el consecuente ahorro de recursos, ya que al no repartirse licencias por amiguismo no había que pagar fortunas en suplencias.

José Niz, secretario general de UPCP, no tardó en denunciar que al meterse con las licencias por enfermedad y las juntas médicas, el gobierno de Domingo Peppo estaba violando la Ley 3521 (Régimen de Licencias para el Empleado de la Administración Pública). Preso Rey, en mayo de 2019 Peppo cedió ante la presión de Niz y le restituyó los privilegios a la cartera sanitaria.

Está claro que el problema del exgobernador era de caja, pero no alcanzaba con proponer mayor transparencia y abrir una oficina: el cambio chocaba contra los intereses gremiales (Atech también había puesto el grito en el cielo por la obra de Rey) y contra la legislación vigente: el mencionado régimen de licencias y el Estatuto del Docente. No era sólo reventar las cuevas clientelares sino promover el debate parlamentario. Desde luego no iba a ser Domingo Peppo, con los pasajes a Asunción en el bolsillo, el encargado de ponerle el cascabel al gato.

Hoy el problema de caja persiste, y los laberintos legales también. A fines del mes pasado, cuando el Ministerio de Educación materializó a través de la Resolución 2166/21 la creación de la “Unidad de Reconocimiento Médico” en el ámbito de esa cartera, Federación Sitech salió con los tapones de punta porque se dio cuenta de que la historia se estaba repitiendo.

Y es que hay discusiones sobre problemas estructurales que atraviesan gobiernos. Es parte del “debate serio” que propuso la ministra de Educación Daniela Torrente al exponer este miércoles durante siete horas los ejes de su gestión en el recinto legislativo, en respuesta a un pedido de interpelación de la oposición.

Pero debatir esa fuga de fondos no estaba en la agenda de la oposición. Tampoco la pésima gestión de la educación a distancia, que merecía un abordaje técnico. Ni la gestión errática e improvisada de la presencialidad, con la sobreactuación del gobierno cuando se decidió que se abrían las escuelas, y el retroceso oligofrénico cuando se arrepintieron e inventaron el esquema de “presencialidad cuidada”, “presencialidad restringida” y “bloqueo focal”. Y eso para no hablar de la paritaria docente, tan mal manejada que en plena pandemia ocasionó la protesta más grande de la década.

La agenda de la oposición era mandar títulos a la prensa: “Si la interpelación fuera un examen, se sacarían un cero” (Leandro Zdero dixit); “Le pregunté a la ministra si ella puede vivir con 30 mil pesos y no contestó” (Carim Peche dixit). Para eso impulsaron una interpelación, para hacer chistes.

La UCR no quería una interpelación, quería el ‘acting’ de solicitarla. Tampoco quería acorralar a una funcionaria políticamente desorientada, porque ellos mismos no saben qué educación quieren.

Otra oportunidad desperdiciada de debatir lo que realmente importa.