Negacionismo judicial

Opinión Política Provinciales

Por Cristian Muriel

Este domingo el STJ anunció la reanudación de los plazos procesales en todas las circunscripciones, organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y en la Justicia de Paz y/o Faltas a partir del lunes. Además ordenó a los magistrados y jefes de oficina llamar a todo el que esté sano y bueno a trabajar, y sancionar con hasta un mes de suspensión al agente que lleve al trabajo la maldita enfermedad.

En contraste, el anexo del sábado del decreto 1176/21 del Poder Ejecutivo que extiende las restricciones sanitarias hasta el 9 de junio, disponía la suspensión de términos y plazos administrativos para la Administración Pública Provincial, e invitaba “a los Poderes Legislativo y Judicial a adherir a las medidas o adecuar las mismas de manera de reducir la circulación de agentes y usuarios de los servicios, priorizando la atención remota y audiencias virtuales”.

La invitación era clara, y a esta altura, rutinaria, por lo que hace ruido la decisión de la Justicia de volver al trabajo presencial (decisión casi calcada por el Ministerio Público de la Defensa y el Tribunal Electoral) más allá de que es necesario que la justicia funcione.

Los puntos fundamentales del decreto del Ejecutivo la Justicia los conocía por lo menos desde el viernes, dado que ese día el Consejo de Abogados de Resistencia y los colegios de la provincia enviaron una nota al STJ solicitando que no suspenda los plazos procesales hasta el 9 de junio. Según el documento, casi todos los agentes estaban inmunizados, los expedientes digitalizados y el teletrabajo institucionalizado, por lo que no había impedimentos para arrancar.

El problema es que sí los había: en primer lugar, no es cierto que la mayor parte de los empleados judiciales estén inmunizados. Todo lo contrario: el criterio establecido por el STJ para distribuir las dosis desde el 8 de marzo fue un polémico sistema de vacunación por escalafón: primero ellos, después los jueces, luego funcionarios judiciales y al final el resto; y cuando le llegó el turno al resto ya no quedaban dosis.

El Alto Cuerpo actuó con la vacunación como lo hizo durante el tristemente célebre “desenganche” que le costó miles de millones de pesos a todos los chaqueños: asegurándose la primera dosis y que Dios se apiade del resto.

En segundo lugar, es curioso que en el peor momento de la “segunda ola”, con 700 nuevos contagios y hasta una docena de fallecimientos diarios, los Supremos decidan contravenir un llamado a la prudencia del Poder Ejecutivo deslindando la responsabilidad de una posible catástrofe sanitaria en los jueces y eventualmente en los propios empleados judiciales. ¿Qué factura se están cobrando?

El último orejón del tarro

Nadie puede discutir que desde marzo de 2020 los trabajadores de la salud fueron empujados al límite de sus fuerzas y más allá. No importa cuánto se haya invertido en infraestructura y en insumos: el recurso humano es limitado y no se pueden sacar médicos y enfermeros de abajo de las piedras. Tampoco se discute el rol de la policía y su coraje: todos soldados de trinchera.

Pero da la impresión de que al resto de los empleados públicos, ni justicia. Ni los docentes se salvan, como lo evidencian las autoconvocatorias de agrupaciones negacionistas que claman por clases presenciales. Ni qué decir tiene que los empleados judiciales están bien abajo en la lista de héroes y heroínas.

Pero cuidado: el Sars-Cov2 no discrimina por actividad. Los cuatro magistrados del STJ están tranquilos porque se vacunaron, pero miles de trabajadores y sus familias están en riesgo, y al virus le importa un pepino el relato de la digitalización mientras haya empleados en sórdidas covachas cosiendo expedientes como en el Siglo XVII.

No es política: es selección natural.