¿Qué hay que regular? Conflicto social y derecho

Opinión Política Provinciales Representantes

Por Rodolfo Schwartz

Las condiciones económicas y sociales

Se estima que fueron 25 mil, las empresas que quebraron en período previo a la pandemia y esta situación se agravó con la misma. Los datos de hace unos meses indicaron que el nivel de pobreza del Gran Resistencia era del 53,6%, el mayor del país, con diez puntos sobre la media nacional y esa lacerante cifra aumenta al 66% entre los menores. Está rodeada de unos 400 asentamientos, que concentran la mitad de la población. La precariedad laboral afecta al 33,7% y entre los jóvenes de 18 a 24 años ese porcentaje llega al 76%, según los datos presentados recientemente a la OIT, por los estudios que realizara la CTA Autónoma, sobre la informalidad en la región del Nordeste Argentino (2019-2020). La Canasta Básica se estima en $ 68.000 y un Plan del Potenciar Trabajo, es de $ 13.500.

Son centenares los merenderos que por lo menos tres veces a la semana dan leche, torta frita, torta parrilla o facturas amasadas con cariño, a tanta necesidad. Son miles los planes que están por debajo de la línea de indigencia, conseguidos y mantenidos con duras luchas, aspirando a cambiarlos por trabajo genuino.

Las ladrillerías, viviendas, veredas, son algunos de los resultados que se amplían a huertas y siembra en el interior.

Los fondos y los gastos del Estado

La mayoría de las empresas se quejan de la carga impositiva. Está bien que lo hagan las pymes, porque la carga impositiva debe ser diferencial, como en la mayoría de los países que se ponen como ejemplo. El criterio impositivo debe ser según capacidad de pago y en forma segmentada y creciente. Acá el mayor impuesto lo paga hasta el más pobre. El IVA es la principal fuente de ingresos en la actual estructura impositiva y el más alto impuesto, duplicando a Ganancias.

En esa dirección, muchos de los que se quejan de la carga, criticaron el llamado Impuesto a las Grandes Fortunas, que hoy posibilita dar algunas respuestas. Hasta el propio Biden y el FMI lo plantean, consientes que la situación social se puede tornar explosiva.

Un ejemplo de la injusticia de la distribución de la carga impositiva

El Impuesto Inmobiliario Rural en el Chaco, tiene valuaciones fiscales que van desde $96 a $536 la hectárea según las zonas, cuando su valor de mercado está entre 700 dólares a 3.500 dólares la hectárea o sea $130.000 y $645.000. Sobre el mismo se cobra un % irrisorio, que significa un monto anual por hectárea, según las zona ecológicas, entre $3 a $23 en la más Baja, entre $35 a $94 en la Media y $135 a $173 en la más Alta, por hectárea por año. En el Chaco el 2,3% de las explotaciones tienen el 42% de la tierra y no pagan impuestos por los arriendos que cobran, que llegan hasta el 35% en algunas zonas. Hay que estratificar, no cargar a los productores más chicos y medios, pero si en forma escalonada y creciente a los latifundios.

El gobierno nacional y provincial tomaron medidas, pero no alcanzan

Los aportes como los ATP, Tarjetas Alimentar, créditos a tasa cero y emprendimientos productivos, entre otros, son intentos de dar respuestas a la crisis, pero no alcanzan. No alcanzan porque es muy profunda y porque miles de millones de dólares se destinan a pagar una deuda fraudulenta, contraída para favorecer la especulación financiera y la fuga con familiares y amigos. Las deudas se pagan pero las estafas no.

¿Restringir la libertad o responder a sus legítimas necesidades?

En este marco y viendo la impunidad y descaro con que se mueven queriendo volver, la falta de convicción del gobierno para plantarse con firmeza ante estos sectores, privilegiando la deuda interna, se dan los conflictos sociales. Sólo se describen como piquetes, a los cortes de calles o rutas, cuando son protagonizados por algunos, pero cuando son protagonizados por los que tienen una cuota de poder, se llaman reclamos.

Para resolver un conflicto, cualquiera sea, lo razonable es que se ataquen las causas y no las consecuencias. La fiebre es la manifestación de un problema. No podemos castigar al paciente por padecerla. Toda respuesta seria, si realmente se preocupa por él, está en diagnosticar la enfermedad y dar el remedio. Como el problema de la crisis es muy grave, son muy pocos los que están exentos de caer varios escalones en la escalera de su situación social. La pandemia de la crisis, la pobreza y el hambre tiene GANADORES Y PERDEDORES. NO TODOS PIERDEN. Los bancos, la industria de la alimentación y las exportadoras son un puñado de grandes ganadores.

Durante años pegados a las necesidades de nuestro pueblo desde el Chaco profundo, impulsamos marchas a Resistencia de miles, caminando hasta 220 km en 5 días para visibilizar esta situación, evitando contar rutas y calles. Convocamos en noviembre de 2016 a una Marcha Multisectorial de las Economías Regionales a Plaza de Mayo, para evitar lo que se venía y en el 2018 la Marcha Federal. Siempre tratando de unir con un Programa, a los distintos sectores que son la mayoría que sufre. En la actualidad, con miles a la vera de las rutas o en media calzada, no sólo reclamando, dando la fuerza necesaria para tomar las medidas que hacen falta

No hay generalmente ningún corte que impida circular, como no lo hace u bache o la rotura transversal de una ruta, podrá haber demoras pero no impedimento. En el caso de la necesidad del hambre, de la sed, la salud o del trabajo, no ocurre eso. No hay una demora, simplemente no hay, porque queda invisibilizado y ojos que no ven, corazón más tranquilo.

Las movilizaciones molestan, es verdad, como molestan, duelen y sufren miles, al no tener resueltos sus problemas más elementales. No son la causa de la falta de ventas de los comerciantes del centro. Decir eso es el taparrabo, para ocultar que no se quiere reconocer lo que hemos vivido antes de la pandemia y no se quiere tocar a los poderosos que se siguen beneficiando. Porque en la zona de los cortes de calle, fundamentalmente Marcelo T de Alvear al 100, no hay comercios y a todos los otros lugares del centro, se puede llegar, salvo que se quiera pasar obligatoriamente por Casa de Gobierno.

Bueno es recordar, que las organizaciones de comerciantes pidieron y celebraron la construcción de la Peatonal, donde precisamente no se circula vehicularmente y se eliminó el tránsito, alterando todo el sistema circulatorio en forma permanente.

No es sólo un punto de vista político, es también un punto de vista legal sobre libertades y derechos. Los derechos COLECTIVOS y de como cada sector trata de lograr respuestas a sus reclamos.

¿No hacen sus gestiones con otros métodos otros sectores para lograr sus objetivos? ¿No han pedido condonación de deudas de créditos que pagamos todos o de los pagos de impuestos y servicios? Es justo, el reclamo, pero debe ser diferencial. Otros acuerdan como van a quedar en la grilla de lo que hay que construir. Claro que sus protagonistas tratan que no se visibilicen estas acciones.

Lo político y lo legal

Este sistema mundial, donde en la Argentina se producen alimentos para 400 millones de personas y siendo 44 millones, la mitad padece hambre, muestra que las riquezas que se llevan, es la pobreza que nos queda. Empuja a millones fuera de la producción, mientras en el campo el 2% de las explotaciones concentran el 50% de la tierra y son los socios nativos de la Argentina que se desangra. ¿Los castigados por esta situación, son los culpables?

Cuando ejercen la libertad de reclamar las necesidades básicas, ¿cómo se los ve?, ¿cómo vagos o expulsados del proceso de producción? Responder esto es clave para ver cómo se pretende abordar la grave situación.

El conflicto va a existir con esta estructura de país, el tema es que mirada y propuesta política y legal le damos. Nadie se manifiesta en el patio de su casa.

La libertad y los derechos

Es esencial tener en cuenta de que manera observa el derecho a las personas que peticionan o protestan, que imagen se hacen de ellas, para a partir de ahí regular. Este concepto no es nuevo, parte de la filosofía del Derecho Social Alemán, de principio del siglo pasado. No se puede regular a alguien, sin contemplar la situación en que se encuentra.

El reclamo es la libertad pública fundamental del ejercicio colectivo. Es un medio para conseguir algo justo. No puede ser restringida por ninguna normativa provincial, porque se expresa en el Artículo 28 de la Constitución Nacional y sólo puede hacerlo por una Ley Nacional, como ocurrió con la pandemia.

La intervención del Estado en la creciente conflictividad, tiene que dirigirse al origen de la misma y no a las consecuencias de las desigualdades. La acción posterior tiende a restringir la protesta o a reprimirla.

La legitimidad de la intervención pública para ordenar y procesar los conflictos no puede estar alejada de las condiciones de vida de las personas al momento de buscar respuestas desde el mundo jurídico.

El Derecho legitima y reproduce situaciones de poder, tanto por lo que dice como por lo que no dice. El silencio o el ocultamiento del poder, son importantes acerca de su destino en el orden social.

Quien se encuentra en un reclamo de proporciones masivas ante el Estado, en primer lugar tiene una necesidad que no puede satisfacer por sí mismo. La acción grupal es un mecanismo defensivo que opera como reactivo y encuentra en la solidaridad social un refugio ante la situación de desposesión.

En el caso, los valores de libertad, solidaridad, seguridad e igualdad material, son los que jerarquizan el derecho a la protesta social, la que no tiene un fin en sí misma, sino que es una libertad para y reviste carácter instrumental. En muchos casos, es la única herramienta que se presenta eficaz en las fuerzas colectivas para un determinado fin, que no es otro que la satisfacción de necesidades existenciales constituidas por el núcleo de derechos humanos fundamentales, que tiene una vertiente formal y valorativa, que los eleva en la protección de la más alta jerarquía normativa en el derecho interno e internacional de los derechos humanos.

Si medimos el grado de limitación de la protesta social, como derecho mediante su pretendida reglamentación que lo aleja de su potencialidad y visibilización para lograr sus fines, o peor aún, se transforma en una intervención del poder punitivo del Estado, los problemas devienen endémicos y se acrecienta la conflictividad.

También debe calibrarse el grado de afectación y la naturaleza de los derechos comprometidos de terceros durante la protesta. En ese sentido, el derecho a no sufrir demoras en el tránsito, por ejemplo, no puede encontrarse por encima de una herramienta utilizada en procura de satisfacer necesidades elementales de supervivencia.

En todo caso, cabe observar si existe un valor contrario o desvalor ante la protesta –insolidaridad, desigualdad, etc.- que en un determinado momento influyan en el tratamiento jurídico y la determinación de sus límites.

Si la protesta se concibe como un derecho encolumnado en el de resistencia a la opresión, la medida de la acción que se entable depende del grado de afectación que mediante la misma se pretenda repeler.

Sin embargo, si consideramos que la protesta social se trata de una libertad pública fundamental de ejercicio colectivo, tal como la concibe Enrique Arias Gibert y lo establecen la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos internacionales, su puesta en práctica no debe medirse en la puja con otros derechos y en el grado de afectación de cada uno, sino en la reglamentación que de su ejercicio se haga –conforme artículo 28 de la Constitución Nacional- sin desnaturalizarlo, teniendo en cuenta que un colectivo en presencia se manifiesta necesariamente en un espacio público.

En definitiva la pregunta central es, ¿hay que regular los reclamos o regular a las grandes fortunas para que no haya reclamos?

Rodolfo Schwartz es Diputado Provincial por el PTP-PCR en el Frente Chaqueño.

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