Toda justicia es política

Opinión Política

Por Cristian Muriel

El sistema de Justicia tiene dos pilares siempre en tensión: la independencia y la imparcialidad.

La pérdida de independencia, que es una aberración estructural, la denuncian los propios jueces cuando el “conflicto de poderes” ha ido demasiado lejos y sienten que el gobierno les está haciendo bullying con fines espurios.

La pérdida de imparcialidad, que no es ya del sistema de Justicia sino de los magistrados en particular, tiene para su evacuación mecanismos institucionales concretos: los consejos de la Magistratura o amplias mayorías parlamentarias.

El problema de la independencia es intrínseco al sistema de división de poderes; el problema de la imparcialidad es intrínseco al ser humano. En el sistema republicano unos y otros desequilibrios son siempre de orden político, no técnico, aunque haya remedios técnicos para su abordaje.

“Todo preso es político” porque toda Justicia es política. Y no sólo cuando Ángel Rozas nombra a un exministro de su gobierno como ministro del STJ a pesar de que éste fue funcionario de la dictadura. A saber: en el Consejo de la Magistratura del Chaco, órgano que nombra, sanciona y echa jueces, y que propone, para que el Ejecutivo los nombre, a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, están representados los tres poderes del Estado y los abogados (la única pata “civil”). Todes sentades alrededor de una mesa.

Desmitifiquemos la rosca: legisladores que se enfrentan en batallas mediáticas épicas y después en el Consejo de la Magistratura convienen en privilegiar a un candidato en un concurso, y por otra parte litigan a través de sus estudios jurídicos convenientemente “independizados”, hacen que por muchos avales, antecedentes y transparencia que promuevan, los jueces siempre van a ser emergentes de acuerdos políticos, cuando no de meras transas. Nuestro Consejo de la Magistratura ha documentado auténticos escándalos y papelones durante las últimas dos décadas.

Finalmente, en el caso del Poder Judicial de la Nación, los miembros de la Corte Suprema son nombrados por el presidente con acuerdo del Senado. O deberían serlo. También es político.

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En la marcha de este martes, que se llevará a cabo en no menos de 30 ciudades de todo el país, la sociedad civil constituida en actora política exigirá que se restituya la imparcialidad perdida en el máximo tribunal de la Nación y, de allí para abajo, con un poco de suerte, en toda la Justicia nacional. No hay ninguna embestida contra la independencia de poderes: hay un clamor.

El clamor para que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se vayan por el mecanismo institucional que sea es tan político como el decreto de Macri para nombrar a Rosenkrantz y Rosatti sin acuerdo del Senado. Por eso el aval del entonces presidente de la Corte, Lorenzetti, a la picardía macrista de firmar el nombramiento cuando el Senado estaba en receso recibió más de 200 pedidos de juicio político en la Cámara de Diputados de la Nación.

Esta Corte así constituida no sólo dejó un tendal con sus sentencias y pronunciamientos. También convalidó el lawfare, la persecución de opositores políticos por medio de la Justicia. Y ojo, porque el lawfare es también una manifestación de la pérdida de independencia de la Justicia, pero en sentido inverso, ya que son los jueces los que le hacen bullyng al poder político. De hecho la mayoría de los jueces no denuncian el lawfare porque es un arma que los empodera. No por nada algunos han terminado jugando al tenis con Macri en la Quinta de Olivos.

Los jueces que por fortuna sí denuncian la cloaca en la que se ha convertido la Justicia, como el juez Ramos Padilla, titular de la Cámara del Tribunal Oral 29 de la Ciudad de Buenos Aires y actor fundamental de la marcha de esta tarde, observan: “El Poder Judicial siempre funcionó en función de privilegios y de intereses concentrados”.

El exjuez federal Carlos Rozanski añade: “Hay jueces que representan el pensamiento de extrema derecha dentro del Poder Judicial. El problema es que son delincuentes y están dentro de ese ámbito. Tienen un poder enorme”.

La definición del presidente Alberto Fernández es quizás la que más lúcidamente grafica el sentido de la marcha de esta tarde: “Es una expresión ciudadana. En un estado de derecho cada poder se expresa por un instrumento, el Poder Judicial se expresa en sentencias. Todos son actos de gobierno, públicos y susceptibles de ser cuestionados. Nadie tiene que molestarse porque un número X de ciudadanos vaya y reclame a la Justicia que sus actos de gobierno no se están adecuando a lo que esperan. Tendrían que prestar atención y corregir lo que hay que corregir”.