Constituyendo diálogo(s)…

Opinión Política Provinciales Representantes

Por Paulo Pereyra

Por medio de diversos medios periodísticos, los chaqueños y chaqueñas de a pie, nos anoticiamos de la polémica suscitada a raíz que la Legislatura provincial realizó su tarea por fuera de la ciudad de Resistencia. Más precisamente, distante de la altura 520 de la calle Brown hacia los territorios y comunidades de nuestra provincia.

¿Qué sucedió según los papeles?

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, resolvió el 20/04/2022, establecer que la Sesión Ordinaria correspondiente al día 27 de abril del corriente año, se realizara en la comunidad educativa EEP Nº173 “Malvinas Argentinas” de la ciudad de Charata a las 14 horas. Considerando, que a tal efecto será tenida por Sala de Sesiones, en los términos del artículo 114 de la Constitución de la Provincia del Chaco (1957-1994) y del punto 5º del Reglamento Interno de ese Poder Legislativo local.

Así el temario para tal Sesión Ordinaria N° 9 a tratarse en la ciudad de Charata, comprendía sendos proyectos de leyes y resoluciones que hacían a intereses fundamentales de aquella localidad.

De modo que debe, cuanto menos, inferirse que la lógica y finalidad de la Resolución N° 0319/22 emitida por la propia Legislatura y el temario mencionado, que el trabajo deliberativo en Charata, se ajustó a la historia de los sistemas constituyentes, a los más altos preceptos constitucionales y precedentes aplicables a asuntos de esta naturaleza.

Es que, en el proceso de conformación y construcción de disposiciones normativas, debe existir una interdependencia entre las determinaciones materiales históricas y la aplicación de las mismas en la deliberación. De forma tal que una errónea determinación de los hechos al momento de la labor parlamentaria, implica una indebida e ilegítima producción legal.

En otras palabras: ¿qué mejor que la caja de resonancia del pueblo, se nutra del mismo para la ocupación que se la ha encomendado: legislar? ¿qué mejor para la construcción de normativa, que la misma tenga basamento en las realidades de nuestro Chaco?

¿Esa decisión -y su ejecución- por parte de la Cámara de Diputados es válida constitucionalmente?

Es valida en términos formales, que es el primer nivel de análisis de una actividad humana e institucional en este caso. Porque que la misma encuentra su asidero en la inteligencia y finalidad histórica de los preceptos contenidos en el artículo 114 de la Constitución de la Provincia del Chaco (1957-1994) y del artículo 5º inciso d) del Reglamento Interno de ese Poder Legislativo.

Acto que, además, llevado al plano de la ejecución, fue consentido por diputados, diputadas y, lo más relevantes: por los habitantes de Charata, que interactuaron en aquel encuentro. Claro, no será -y está bien que así acontezca-, un asentimiento absoluto. Los disensos, conforman lo más fundacional de la Casa de la Democracia.

¿Qué expresan los precedentes más destacables en razón de esta polémica?

“La Constitución es, en términos generales, un instrumento de gobierno, hecho y adoptado por el pueblo para finalidades prácticas (…) De ahí que sus poderes hayan sido expresados, en términos generales, dejando a la legislatura, adaptar, de tiempo en tiempo, sus medios propios para realizar objetos legítimos, y moldear y modelar el ejercicio de sus poderes según su propia discreción y el interés público que requieran” (conf. Suprema Corte de EEUU, “Martín vs. Hunter”, 1 Wheat. 304, 326, año 1816, “La Constitución de los Estados Unidos de América”, trad. por Segundo V. Linares Quintana y Mario Amadeo, Buenos Aires, 1949, ed. Kraft, t. I, ps. 68/69).

Muy poco que aportar después de lo dicho por la historia constituyente de nuestro sistema constitucional. Solo que también, desde las profundidades de la teoría política/jurídica y; en un claro posicionamiento dialógico y participativo, sustraigo de Thomas Jefferson, que como Presidente de los Estados Unidos en su discusión con aquella Corte Suprema sobre el caso “Marbury v. Madison” (1803), expresó unos años después del debate: “Considerar a los jueces como árbitros últimos en todas las cuestiones constitucionales representa una doctrina muy peligrosa, capaz de colocarnos bajo el despotismo de una oligarquía… Por ello, de modo sabio, la Constitución convirtió a todas las ramas de gobierno en ramas iguales en la materia”.

Entonces, enhorabuena sea el debate participativo sobre la constitucionalidad o no de una acción u omisión humana/institucional por fuera de lo palaciego.

Y qué mejor escenario para desplegar tal debate y otros que despiertan los más genuinos intereses de chaqueños y chaqueñas, que saliendo de la Brown al 520 a dialogar con pueblo…

Paulo Pereyra es abogado del foro local, M.P. N°6.554 STJCh – M.Fral. del Interior T° 100 F° 644 CFAR.