Resistencia, la “señora bian” del Chaco

Locales Opinión Política Provinciales

Por Cristian Muriel

En 2015 nuestra provincia ya tenía el 56% de su parque automotor copado por las motos, muy por encima de la media nacional del 28%. En 2017 estaba quinta en el ranking nacional de motovehículos, con más de 360.000 unidades registradas, mientras caía al puesto 14, por debajo de Corrientes y Misiones, en su flota circulante de autos, camionetas y camiones. En 2020 arrancó en cuarto lugar de patentamiento de motos a nivel nacional.

Pero lo que es una buena noticia para la industria y para las concesionarias, no lo es ni para el sistema de salud ni para el medioambiente. El año pasado en Chaco murieron 254 personas en accidentes de tránsito; según el promedio nacional, casi la mitad (47%) fueron motociclistas; tanto las víctimas fatales como los que logran salvar su vida de milagro tensionan el sistema sanitario. Según “Luchemos por la vida”, las pérdidas económicas anuales superan los US$ 10.000 millones.

Por otra parte, la inmensa mayoría de las motos circulantes emiten gases tan contaminantes que están prohibidas en todo el mundo civilizado. Mientras Europa exige a las motos cumplir con la norma de contaminación “Euro 5”, en Argentina ni siquiera es obligatoria la Euro 2, producto de la complicidad de las cámaras del sector y el gobierno de Mauricio Macri. Se estima que si no siguen pateando la pelota, recién en 2026 comenzaría a regir en el país la norma Euro 4, que garantiza menores emisiones gaseosas y sonoras, y mayor compatibilidad electromagnética (radiaciones parásitas).

Dicho esto, cabe preguntarse cuál era la urgencia del Concejo Municipal de Resistencia de prohibir los vehículos de tracción animal en la ciudad, cuando a ojos vista el mayor problema del tránsito descontrolado son las motos, con números tan elocuentes que hay que ser ciegos para no verlos: cientos de miles de motovehículos abarrotados en las calles de la ciudad, frente a unos mil carros, según las estimaciones del Municipio. Las motos que circulan por la provincia son las armas más letales: el año pasado hubo 62 víctimas de homicidio y 125 motociclistas muertos si se proyectan las estadísticas nacionales.

El hecho de que en las modificaciones al Código de Tránsito y Transporte para prohibir la tracción animal en la capital chaqueña no se haya incluido un programa de transición para que los carreros pasaran a utilizar otro tipo de vehículos (que no fueran motos, ni siquiera eléctricas) demuestra que la decisión fue exclusivamente político-ideológica y clasista, como lo fue el resultado de la consulta popular de 2019 en la que unos 50 mil votantes le dijeron “No” a la tracción a sangre.

Los argumentos de los ediles que votaron a favor de la prohibición, como la radical María Teresa Celada, en realidad son invocaciones mágicas: “Se trabajará con los distintos funcionarios de las áreas de los Ejecutivos municipal y provincial, para brindar solución a todas las cuestiones que se vayan planteando, ya que no todas las personas están en igualdad de condiciones”. La superficialidad de esas declaraciones, que denota la irresponsabilidad de su voto, es inverosímil.

Si el Gran Resistencia es el conglomerado con peores índices sociales del país, con 52% de pobres y 19,4% de indigentes, ¿no es contradictorio impedir que estos sectores se procuren el sustento y de paso contribuyan a reducir la mugre que se desecha en el casco céntrico en lugar de barrerlos bajo la alfombra? ¿La prohibición no debió ser el último paso en lugar de el primero?

Finalmente, si el problema es la salud de los caballos y no la salud de los carreros, hubieran creado un fideicomiso para comprarles alfalfa. Poco a poco Resistencia se ha ido convirtiendo en “la señora bian” del Chaco, para usar una expresión jauretcheana. Quién hubiera dicho que se necesitaría un intendente peronista para concretarlo.