Ojo que soltaron al tilingo chaqueño

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Por Cristian Muriel

Escribo estas líneas a horas de que movimientos sociales, partidos y referentes políticos difundan un documento de rechazo al proyecto de ley que autoriza a la policía provincial a realizar tareas de inteligencia sobre organizaciones piqueteras para quitarles los planes a quienes lleven a sus hijos a las manifestaciones. Sí, como Macri con los familiares del ARA San Juan, pero legal.

La iniciativa está en línea con sendas presentaciones que el macrismo intenta imponer en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires desde la última etapa del gobierno anterior, sólo que en Chaco la encabeza el gustavismo y se suman diputados y diputadas de la oposición.

La legisladora indígena Andrea Charole, el elástico Roberto Acosta, la ultraconservadora provida Paola Benítez, la exintendenta de Barranqueras Alicia “Azula” Digiuni, entre otros, se desembarazan de cualquier marco teórico y del análisis político y se quedan únicamente con las rancias creencias tilingas en las que todos están de acuerdo, expresadas en forma de volátiles preceptos morales.

Pero la cuestión política está ahí, apenas disimulada. Bajo el ala de la mujer que conduce férreamente la Legislatura, Élida Cuesta, el gustavismo busca desmovilizar y disciplinar a organizaciones que forman parte en Chaco de la base electoral de Jorge Capitanich. Como ya es costumbre, el gustavismo, que integra el PJ y el gobierno provincial, actúa como un marinero amotinado que negocia fumando en la bodega de los explosivos.

En cuanto a los firmantes radicales, todo indica que bancan el proyecto por coherencia ideológica. Veamos los antecedentes.

A principios de 2019 el diputado bonaerense de Cambiemos Guillermo Castello (surgido en el ARI y devenido furioso libertario) presentó un proyecto que prohibía a los beneficiarios de planes participar en marchas o cortes de calle so pena de perder la ayuda social. “Durante los últimos 12 años de kirchnerismo existió la falacia de que no se podía criminalizar la protesta social”, sostenía.

En mayo de 2022, en respuesta a unos 2.500 reclamos de vecinos y comerciantes de Capital Federal, el legislador de JxC Gerardo Millman presentó una iniciativa similar, en la que argumentaba: “El peronismo en el poder buscó la manera de restituir los lazos con los sectores populares diluidos en la época menemista. Para ello, orientó estratégicamente los planes sociales dando origen a organizaciones de desocupados ‘oficialistas’, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita y a organizaciones barriales de pequeñas dimensiones que reproducen la lógica clientelar sobre las clases populares”.

A pesar de que en 2015 el gustavismo fue uno de los primeros espacios provinciales en decretar la muerte del kirchnerismo y convalidar el ulterior estropicio macrista, y a pesar de contar con el apoyo de diputados radicales, el proyecto chaqueño de quita de planes sociales no utiliza ninguno de los argumentos antes mencionados. En cambio, se pregunta: “¿Qué pasaría si desde estos espacios se arrojara una piedra con la intención de dañar a otra persona y hubiera niños participando?”.

La conclusión a la que arriba incluye un salto ontológico al abismo de la pelotudez: “A pesar de la legitimidad del reclamo que pudiera originar la manifestación, la exposición de los niños y niñas en escenarios que derivan muchas veces en episodios violentos, no debería suceder, por lo que creemos no debería estar permitido”.

Quien firma estas líneas reconoce que hace años los planes sociales sin articulación con estrategias superadoras son una respuesta insuficiente. También es consciente de que muchas orgas, producto de la lógica del mercado, se convirtieron en pymes, y no en el buen sentido.

Pero las movilizaciones y piquetes son un fenómeno mucho más complejo que reflejan diferentes tensiones sociales y políticas, además de ser una herramienta de protesta, y cualquier reduccionismo puede desencadenar consecuencias de enorme gravedad social, como lo demostró el fracaso atroz del policía Olivello, exsubsecretario de Tonfa, intentando reconducir el conflicto social a los garrotazos.

En cuanto a los fundamentos del proyecto, no son otra cosa que la manifestación por escrito del odio de clase del tilingo medio chaqueño. Por eso a Paola Benítez, que pasea por radios y canales de televisión mostrando su preocupación por la situación de les niñes, no se le ocurrió proponer sanciones contra los padres que llevaban a sus hijos a las marchas antiderechos en plena pandemia, a pesar de que los exponían a morir de una enfermedad apenas conocida, y ella, como ministra de Salud, sabía de los riesgos mejor que nadie.