Comparando peras con UVAs

Días atrás el presidente del BCRA y autoridades de los bancos Nación, Provincia y Ciudad fueron recibidos en la Cámara de Diputados de la Nación para conocer su punto de vista sobre la situación de los créditos UVA. La camaradería y el buen trato, garantizados por la presencia de Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y también del Banco Credicoop, no impidieron que Silvina Batakis, incómoda, se quedara apenas unos minutos. Afuera hacían guardia los deudores.

El objetivo de la reunión era -es- darle una solución, por ley, al drama de cientos de familias que tomaron créditos UVA desde hace unos siete años y hoy no los pueden pagar. Pero para los banqueros era -es- una intempestiva embestida bolivariana, porque para resolver unos quinientos quebrantos no hace falta ninguna ley: es un problema de caja chica, de partidas presupuestarias irrisorias de las que debe hacerse cargo el Estado.

En efecto, afirmaron que el problema con los créditos UVA no era la cartera de deudores con dificultades para hacer frente a las cuotas -algo que se puede analizar caso por caso- sino el ataque a la “seguridad jurídica” que suponía que el Congreso se diera a la tarea de romper contratos. Por supuesto no se ahorraron la manida: “Los capitales privados no van a querer invertir en el país”. Imaginamos que expresiones como esa convencieron a Batakis de tomarse el olivo.

Según los deudores razonablemente despolitizados que esperaban en la vereda, “hubo un gobierno que generó el andamiaje para que miles de familias ingresáramos en esta trampa”.

LA TRAMPA

Desde abril de 2016, cuando Mauricio Macri lanzó los créditos con base en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) ajustados por inflación, los bancos otorgaron unos 105 mil préstamos con esta modalidad (96 mil se destinaron a vivienda única). Un éxito de mercadotecnia gracias al que el 58% del monto de préstamos para viviendas en ese período correspondió a créditos UVA.

Entrar era muy fácil, las cuotas eran comparables a un alquiler y la gestión de Cambiemos prometía una inflación de un dígito. Pero entre noviembre de 2017 y el mismo mes de 2018 los salarios aumentaron 28% promedio, y las cuotas UVA, que indexaban por inflación, 42,97%: la deuda en pesos se disparó 38,97%, hasta 15% más que los salarios y hasta 30% más que los alquileres.

Y las cosas sólo empeoraron: la inflación de 2018 fue de 47,65%, y la de 2019, de 53,8%.

En abril 2019 el entonces presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, llegó a decir que quienes accedieron a créditos hipotecarios UVA “hicieron un excelente negocio”, ya que si bien la cuota mensual había aumentado un 50%, el valor del inmueble había escalado más del 100% producto del cóctel inflación/devaluación.

Para dimensionar la irracionalidad de estos instrumentos financieros, un préstamo otorgado en abril de 2016 de $ 3.000.000 (213.371 UVAs a $ 14,05 por unidad) hoy, 10 de septiembre de 2022, con la UVA a $ 147,85, equivale a $31.546.902,35. Aunque los banqueros aseguren que la mayor parte de esa cartera de deudores está en situación regular, la perversidad de esos contratos destinados a beneficiar exclusivamente a los bancos no resiste análisis.

Se puede conceder que la mala estimación inflacionaria del gobierno y del mercado en los primeros dos años de gestión del macrismo es apenas una muestra de torpe optimismo de un gobierno que pensaba que el éxito de la partitura de Endeudamiento+Ajuste dependía de los intérpretes, y que esta vez todo saldría bien porque eran el mejor equipo de los últimos cincuenta años. Pero el verdadero problema, más allá del error de cálculo que cualquier irresponsable tiene derecho a cometer, fue el ‘know how’ de los cerebros en cuyas manos quedaron las políticas públicas: los mismos bancos, las empresas energéticas, la entente comunicacional, con agentes parados a los dos lados del mostrador.

DE CRISTINA A MACRI

El Procrear lanzado por CFK en junio de 2012 -atado a la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)-, con equipos técnicos colaborando en los desarrollos urbanísticos, invirtió entre esa fecha y diciembre de 2015 US$ 2.922 para construir 30.010 viviendas en 79 predios distribuidos en todo el país. Pero en diciembre de 2015 se paró todo, y en cuatro años sólo se inició la construcción de 130 viviendas en un nuevo predio y se dieron de baja 6.354 viviendas de las proyectadas originalmente.

Claramente Macri quería sepultar el recuerdo de las políticas habitacionales de Cristina. Y su plan podría haber revolucionado el mercado inmobiliario, triplicando, con 96.000 créditos UVA, el alcance del Procrear, si no hubiera sido por la incapacidad de la oligarquía moderna de contemplar a los ciudadanos en la distribución de la riqueza. Tal vez esté en la genética de los tataranietos de la “República conservadora” de 1880, que por primera vez desde 1913 llegaba al gobierno sin fraude, sin armas y a cara descubierta, pero con las mismas mañas de toda la vida.

La diferencia entre una política en la que el Estado participa activamente en el desarrollo urbano y la dinamización de la economía real (Procrear), y una venta de rifas o un plan de ahorro previo (Créditos UVA) es una de las tantas caras del macrismo que la mala memoria de los argentinos y la tendencia de los sectores medios a abrazar cíclicamente proyectos neoliberales parecen olvidar.

Y estas deidades fascinantes quieren volver a terminar lo que empezaron. Los deudores UVA aprendieron la lección.