La Corte falló a favor de CABA y Nación deberá entregarle el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables del país

La Corte Suprema de Justicia dispuso este miércoles que el Gobierno nacional le pague al de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al gobierno de CABA durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Se trata de una cautelar que lleva la firma de los cuatro miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y consiste ordena al gobierno nacional que se le entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables de forma automática a través del Banco Nación, además de suspender la Ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción.

En la resolución, los magistrados destacaron que el ordenamiento jurídico demanda un “carácter convencional” para reglar la coparticipación, así como la condición a la previa aprobación tanto por el Congreso como por cada una de las jurisdicciones involucradas.

En el caso, argumentaron que “ni el decreto ni la Ley 27.606 han sido aprobadas por la Ciudad de Buenos Aires, ni previa ni ulteriormente”. Y que “el Estado nacional no puede reducir unilateralmente el nivel de los recursos comprometidos”.

Finalmente aseguraron que “la participación de la Ciudad de Buenos Aires no afecta a la coparticipación de las provincias”, ya que la cuota correspondiente a CABA se detrae únicamente de los fondos que le corresponden a la Nación en la distribución primaria.

La disputa entre Nación y Ciudad

En esta causa se discutieron los privilegios que Macri le otorgó a la Ciudad apenas asumió la presidencia. Fue en 2016 cuando, en favor de Horacio Rodríguez Larreta, el entonces mandatario aumentó por decreto la coparticipación de CABA del 1,4 por ciento al 3,75 por ciento. Ante las protestas de gobernadores, argumentó que era por la transferencia de la Policía Federal a CABA. Tiempo después, la bajó a 3,5 por el ajuste fiscal.

Entre otras cifras, se estima que la Ciudad fue beneficiada durante estos años con un excedente total de 86 millones de pesos por sobre el costo real de la Policía transferida. Además, señalan que, durante el gobierno de Macri, la Ciudad prácticamente no tuvo que invertir dinero en seguridad, ya que se lo financió Nación, además de obras públicas y otras transferencias.

En septiembre de 2020, durante la pandemia, el presidente Alberto Fernández decretó que el porcentaje de coparticipación que le corresponde a CABA se retrotrajera nuevamente al 1,4 por ciento. Hacia el final de ese año, el Congreso aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril. Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días, plazo que venció en mayo.

Desde entonces, la Corte hizo varias reuniones entre Nación y CABA, pero sin resultados. En medio de rumores y evidencia de férreas amistades entre el macrismo y el poder judicial, se suponía que el fallo sería favorable a Rodríguez Larreta.

Rosatti, sospechado

En septiembre, el Gobierno nacional solicitó la excusación del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y la recusación en caso de no mediar la excusación, pedido basado en un hecho registrado el 15 de agosto pasado, cuando en el marco de un festejo de cumpleaños se juntaron en un hotel porteño altas autoridades del Gobierno de la Ciudad y del Poder Judicial. La solicitud fue rechazada por la Corte en noviembre.

En el documento presentado por el Estado Nacional, indicaron que la situación reveló la afinidad entre el ministro de Seguridad porteño y un funcionario de extrema cercanía al ministro de la Corte, algo que “podría afectar el debido proceso, en particular la garantía del juez imparcial”.

Por otra parte, los letrados patrocinantes del Estado indicaron que la situación deja en claro que Rosatti “se encuentra bajo grave sospecha”, como así también “su imparcialidad como magistrado de esta causa, lo que tiene una obvia y enorme relevancia institucional”.

Los gobernadores

En mayo, 17 gobernadores de todo el país, incluido el chaqueño Jorge Capitanich, expresaron su “profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en la disputa inciada por Horacio Rodríguez Larreta, en referencia a los fondos coparticipables que el expresidente Mauricio Macri le había sacado a la Provincia de Buenos Aires para favorecer a CABA. Además solicitaron participar en la causa como amicus curiae.

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes -expresa el documento de los gobernadores-. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.

En tanto, advirtieron que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia” y que el Gobierno porteño reclama “recursos que no le corresponden”, puesto que al momento de la sanción de la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que “era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional”.

“Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias”, precisaban.

Ese porcentaje “fue modificado de una manera injusta e injustificada” por el decreto 194/2016 que firmó Macri, mediante el cual elevó los puntos de coparticipación de la Ciudad a 3,75 por ciento en detrimento del resto de las provincias con la excusa de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo a un informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, el monto de la operación fue de $ 11.000 millones, y no de $ 18.000, como argumentó el gobierno porteño..

“Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, añadían.

Además recordaban que las provincias reciben “los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan”, que pagan el combustible más caro y que tienen que sostener económicamente a sus fuerzas de seguridad.

“Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos -afirma el documento-. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.

Con información de Página|12.