Una nueva transversalidad en la Legislatura, por derecha y a hurtadillas

El documento de apoyo a la reelección de Jorge Capitanich difundido este lunes y firmado por un grupo de diputades del Frente Chaqueño, visibiliza una interna en la que ya se produjeron al menos dos ataques en quince días contra las políticas del gobernador, históricamente afianzadas en la cuestión de género y en los derechos humanos.

En enero de 2019 el Ejecutivo nacional promulgó la Ley Micaela (27.499) que establece la formación obligatoria en materia de género para quienes se desempeñan en la función pública; cuatro meses después la Legislatura chaqueña adhirió a través de la Ley Natalia Samaniego (2997-G, que conmemora a la víctima del femicida Juan Carleris, condenado a perpetua por el crimen cometido en 2018); y en abril de 2021 modificó el Régimen Electoral e incorporó la obligatoriedad de esas capacitaciones para precandidaturas electorales. No sólo es una bandera del movimiento feminista: es también un rasgo distintivo de las políticas de derechos humanos de Jorge Capitanich.

Hace dos semanas, argumentando que quedaba poco tiempo para las PASO, la Legislatura con mayoría peronista suspendió la capacitación obligatoria en género para las y los precandidatos.

Un mapa casi calcado se produjo en la última sesión ordinaria, justo antes de las Pascuas: a través de una ley promovida por el diputado radical Livio Gutiérrez (3794-J) se aprobó la “limitación” del uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia. El objetivo de Gutiérrez, ampliamente ventilado en sus redes durante los días previos, era la prohibición total.

Si bien en este caso no se estaba atacando una norma impulsada por Capitanich sino un protocolo establecido por una resolución del Ministerio de Seguridad (que se hacía eco de los buenos resultados obtenidos en los centros de detención de la provincia durante la pandemia al permitir no sólo que los detenidos mantuvieran contacto con sus familiares durante el aislamiento obligatorio, sino el acceso a cursos de formación profesional) lo cierto es que se repitió la moción de atacar una política del gobierno y desbaratarla. Al menos hasta que el Ejecutivo decida si la deja pasar o la veta.

De la votación de estas leyes se desprenden al menos tres cosas: 1) el componente retrógrado y deshonesto de sus fundamentos; 2) la conformación de una sociedad ‘ad hoc’ dentro del Frente de Todos entre el CER de Eli Cuesta y Atlanto Honcheruk, para no decir la sumisión de este último a las definiciones de aquélla; y 3) la nueva “transversalidad” que incluye al Frente Integrador y, por supuesto, a la UCR.

A simple vista podría pensarse que la derechización de la sociedad produjo un giro a la derecha en la manera de votar les diputades, que para ser “contestes” a ese clamor “antipolítico” y “anticasta” decidieron que era hora de dejarse de hinchar con “el negocio de los derechos humanos”.

Pero tanto las acciones contempladas en perspectiva (como las dos leyes antes mencionadas) como los corrillos que hablan de una “agenda” de Atlanto Honcheruk que no es compatible con la del gobernador que apoyó su designación para presidir el bloque, o de “compromisos” dentro del bloque que son violados tan pronto suena el timbre para entrar al Recinto, muestran un panorama menos ingenuo.

O sea: las leyes no le importan a nadie. O por lo menos a ninguno de los legisladores que las votaron. Lo que importa es el mensaje en el contexto del recrudecimiento de las relaciones entre los principales actores políticos del oficialismo (Jorge Capitanich y Gustavo Martínez) que se expresa por la vía de presiones sobre las políticas emblemáticas de los tres gobiernos del montenegrino.

El aparente acuerdo coyuntural entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Élida Cuesta, el interbloque UCR, el Frente Integrador y un pelotón de peronistas, sumado a la insólita combinación de faltazos estratégicos y abstenciones inexplicables de algunos aliados, da como resultado un Poder Legislativo que responde a su propia lógica, y no precisamente por hacer alarde de su independencia.

En la práctica, Jorge Capitanich se quedó sin la mayoría que él mismo edificó en el parlamento, con un bloque presidido por un adversario, y con un pleno que vota respondiendo a intereses que no tienen nada que ver ni con el género ni con los derechos humanos ni con la política, y cuyos beneficiarios no se sientan directamente en ninguna de las 32 bancas de la calle Brown.