El radicalismo vive de la mentira y la improvisación

En un acto de total irracionalidad, el bloque legislativo radical inició tratativas para solicitar la inconstitucionalidad del proceso de regularización laboral que fue acordado bajo convenio colectivo de trabajo y acuerdo paritario entre el Poder Ejecutivo y todos los gremios firmantes. 

Si bien no se encuentra ningún argumento medianamente firme en las declaraciones de Livio Gutiérrez y compañía, en sus expresiones mediáticas se entiende que tal pedido sería por:

1.  “Vulnerar la posibilidad de participación de cualquier habitante”
2. “La desconfianza respecto al rol de control de sindicatos”
3. “Comprometer la gestión futura” (se entiende que económicamente)

Empiezo por la única conclusión a la que puedo llegar después de leer esto: no conocen el Estado, se dedican a mentir y, tal como hicieron todos estos años, están improvisando. 

En primer lugar, este es un proceso de regularización laboral para quienes prestan un servicio laboral de manera permanente en el Estado. Hablo de porteros de escuelas, trabajadores/as sociales en centros de desarrollo infantil o residencias de adultos mayores, enfermeras en centros de atención primaria, entre muchos otros. 

Este proceso no nació de la noche a la mañana ni mucho menos es parte de algún “plan retirada” como les gusta denunciar a los twitteros de la oposición. Es un proceso que se construyó con todos los gremios estatales (UPCP, UPCN y ATE) en el Convenio Colectivo de Trabajo. El diputado Gutiérrez debería saber que lo normado bajo el CCT tiene carácter de Ley, algo que parece desconocer porque ni siquiera ha mencionado el convenio y se quedó en el pasado al nombrar únicamente la Ley 292-A.

En segundo lugar, es claro que el diputado no entienda el rol de los sindicatos o, mejor dicho, que lo ignore. Bajo cualquier convenio colectivo, su rol no es ni el de controladores, ni el de veedores ni nada parecido. Se trata de construir de manera colectiva las relaciones laborales entre el empleador (en este caso el Estado) y sus trabajadores. En ese sentido, todo lo dictado mediante decretos del Gobernador, fue previamente acordado en paritarias libres. 

Por último, me parece cínico que quienes nos dejaron una provincia ingobernable por la cantidad de deuda que habían tomado hoy nos acusen de comprometer la gestión futura. Pero, más allá de eso, la idea no tiene nada que ver con la realidad. 

El proceso iniciado este año tiene como fecha de finalización 2030 no porque queramos demorar el otorgamiento de derechos sino justamente porque sabemos que tenemos que avanzar en ese sentido, pero de una manera responsable en términos fiscales. Logramos acordar con todos los gremios que la regularización laboral sea cubierta solamente con las vacantes generadas año a año (bajas por jubilaciones, renuncias, fallecimientos, etc.).

Como miembro del equipo de transición, le podría haber aclarado cualquiera de estas dudas al diputado Gutiérrez en las reuniones que mantuvimos en Casa de Gobierno. Pero su tendencia a ir por el camino de los diarios, Twitter y Facebook es inquebrantable. 

Ahora tienen una segunda oportunidad de mostrar un verdadero interés por, al menos, entender mínimamente el funcionamiento del Estado. En la Comisión de Hacienda y Presupuesto podremos discutir cualquier tema, el que sea, en el marco del debate del Presupuesto 2024. 

La costumbre de ser oposición (y una oposición verdaderamente destructiva, que jamás apoyó un solo proyecto en favor de la gente) ha llevado al radicalismo a alejarse demasiado de la realidad. Me preocupa enormemente que inicien su gestión con esta postura del “miente, miente, miente que algo quedará”. El 10 de diciembre van a tener que ponerse los pantalones largos y todavía ni compraron la tela.